Analistas y especialistas en materia energética se presentaron ante la Cámara de Diputados durante el primer día del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica, donde abordaron los resultados y problemáticas de reformas anteriores.
En primer lugar, intervino la analista independiente del sector energético, Rosanety Barrios, quien consideró que la reforma debería perseguir objetivos como que todos los mexicanos tengan acceso a una electricidad a precios accesibles; que la matriz eléctrica cuide la salud y que la energía sea de calidad.
Advirtió, en este contexto, que para lograrlo se necesita más competencia, pero dejando la transmisión y la distribución de manera exclusiva del Estado mexicano, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Meter más competencia resuelve la posibilidad de que el Estado no tenga que invertir en donde no puede o no debe; se necesitan más energías renovables y ajustes regulatorios que no requieren un cambio constitucional. La función social de la CFE está contemplada e incluida en el marco legal vigente, a través del Fondo del Servicio Universal Eléctrico”, destacó.
Por su parte, Héctor Cuapio Ortiz, representante del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), expresó que se requiere una reforma energética acorde a los intereses del pueblo y que la iniciativa enviada por el Ejecutivo cuenta con el respaldo de los electricistas, quienes están “dispuestos a defenderla”.
Al contrario de lo hasta entonces debatido, Carlos de María, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético (AMDE), explicó que la imposición “de un modelo monopólico ante la realidad es incompatible y no cumplirá las metas en materia eléctrica”.
Añadió en este sentido que la inversión privada es algo positivo y favorable para el desarrollo del país porque mejora las tecnologías, hace los procesos competitivos y da contratos equitativos.
Nicolás Domínguez, maestro en Física por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y doctor por la Universidad de Texas, comentó que a las empresas privadas no les gusta la competencia, pero su principal competidor, que es la CFE, la subsidia. Agregó la reforma presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador no expropia siquiera un metro de cable y deja a los productores que no hayan violado la ley un 46 por ciento de un negocio, por lo que debe aprobarse “si se quiere evitar un futuro de velas”.
La economista, consejera independiente y asesora en temas de energía, Monserrat Ramiro, subrayó que se necesita tener acceso a las energías limpias con precios competitivos; sin embargo, consideró que la iniciativa tendrá cambios e implicaciones profundos, principalmente en su capacidad para proveer a México las condiciones para desarrollarse con salud y bienestar.
“Lo que la iniciativa puede generar, es que México se quede rezagado en su capacidad de generar suficiente energía y competir en el mundo, y no se cumpla al ciudadano el derecho a un medio ambiente sano; la propuesta está sustentada sobre primicias falsas”, añadió.
Manuel Ornelas, jefe de oficina de Medición y Servicios de la CFE en Puerto Peñasco, Sonora, afirmó que la reforma de 2013 sólo benefició a la iniciativa privada, no disminuyó las tarifas para los consumidores, ni dio orden a la transición energética.
Por ello, dijo que se requiere que el Estado regule al sector, garantice el suministro como derecho humano y lleve a cabo una transición energética ordenada, sustentable, soberana y acorde a las condiciones del mercado eléctrico mexicano.
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