Buscan condenas de hasta 10 años de prisión a quien corrompa a menores a través de TICs

Olga Luz Espinosa, diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó una iniciativa que busca mejorar el sistema de protección a menores de edad en México, al reformar algunas disposiciones previstas en el Código Penal Federal (CPF).

De tal motivo que este martes 11 de enero, la secretaria de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados planteó establecer como un acto de “corrupción de menores” a quien realice acciones u operaciones a través de tecnologías de la información que dañen sus bienes o su persona.

El documento que fue remitido a la Comisión de Justicia para su dictaminación especifica que a quien se le encuentre culpable de cometer este ilícito se le impondrá un castigo de seis a 10 años de prisión y hasta 900 días de multa.

Cabe recordar que de acuerdo con el CPF, un día de multa equivale a la percepción neta diaria del sentenciado en el momento de consumar el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos, tomando como límite inferior el equivalente al Salario Mínimo Vigente (SMV) de acuerdo a la región del lugar en el que se cometió el ilícito.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación o TICs son los recursos y herramientas que se utilizan para el proceso, administración y distribución de datos a través de elementos tecnológicos, como computadoras, tabletas electrónicas, teléfonos inteligentes u otras herramientas digitales que permitan la circulación de contenidos.

Además, Espinosa Morales promovió un mecanismo de castigo más severo enfocado en la protección de jóvenes, ya que plantea extender el periodo de prisión a quien cometa el delito de pornografía de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo.

Actualmente este periodo comprende de siete a 12 años y se plantea extenderlo de 10 a 20 años. Asimismo, se plantea este tiempo de condena a quien cometa el delito de turismo sexual, es decir quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del territorio nacional con la finalidad de que realice cualquier tipo de actos sexuales (reales o simulados) con menores.

También se proponen 10 años de prisión a quien ejerza el delito de lenocinio (acción de mediar para facilitar una relación amorosa o sexual entre dos personas) en agravio a un menor. Como si no fuera suficiente, la legisladora planteó que estos delitos no prescriban.

Finalmente, el texto, en caso de ser aprobado, establecerá una pena de 15 a 25 años contra cualquier adulto que se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor para cometer actos que afecten su integridad.

Durante su exposición de motivos, la diputada recordó que cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, las cuales refieren que la corrupción de menores registró un alza de 22% en 2019 con relación a 2018, al pasar de mil 487 a mil 817. Tan sólo en el primer trimestre del 2020 el alza fue de 11.7% con relación al mismo periodo del año pasado.

La Dirección General Científica de la Guardia Nacional (GN) dio a conocer que, derivado del confinamiento por el COVID-19, las denuncias por pornografía infantil crecieron 73% entre marzo y abril. La razón en este aumento en los delitos, según la corporación, es por el encierro de los usuarios en sus casas, quienes empiezan a tener mayor actividad en la red con fines de entretenimiento.

Sobre turismo sexual, la diputada refirió que hay alrededor de 20 mil niñas y niños en México que son víctimas de las redes de explotación sexual, incluyendo tráfico, pornografía y prostitución.

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