El decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador para declarar que toda obra de infraestructura durante su gobierno sea considerada como asunto de “seguridad nacional” sigue causando polémica en varios sectores de la población.

Ahora, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) advirtió que el “blindaje” del gobierno federal a sus proyectos generaría posibles riesgos en materia de competencia y libre concurrencia.

A través de un comunicado, señalaron que dicho Acuerdo generaría un régimen regulatorio asimétrico en función de quién realiza los proyectos y obras que, conforme al mismo, se consideren de interés público y seguridad nacional, lo que podría implicar tratos preferenciales en detrimento de la competencia.

Además, la Cofece precisó que conforme al Acuerdo, que un proyecto sea declarado de interés público o de seguridad nacional, no implica que las contrataciones relacionadas encuadren como una excepción para una licitación restringida, conforme a los artículos 41, fracciones II y IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 42, fracciones II y IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

En este sentido, reafirmaron su compromiso de mantenerse vigilantes ante actos públicos o privados que puedan afectar las condiciones de competencia en perjuicio del funcionamiento eficiente de los mercados y en detrimento del bienestar del consumidor.

Varios políticos, empresarios y periodistas han expresado en redes sociales en los últimos días que el decreto de AMLO es ilegal y atenta contra el derecho de acceso a la información. Y es que consideran que el objetivo es evadir las obligaciones en materia de transparencia, así como evitar amparos, lo que atenta contra varios derechos humanos.

Cabe mencionar que los megaproyectos más emblemáticos del presidente son el Tren Maya, en el sureste mexicano; el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el Estado de México; y la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

Desde que iniciaron dichas obras, organizaciones civiles y políticos de oposición han presentado amparos para frenar sus construcciones por distintos motivos: desde impacto ambiental y apropiación del territorio hasta el uso de recursos públicos.

Por si fuera poco, la prensa ha exhibido irregularidades como, precisamente, la adjudicación directa y restringida para adquirir bienes y servicios en su construcción.

Pese a lo anterior, los senadores de Morena, aseguran que el decreto es legal y adecuado y su objetivo es “terminar con los moches, la corrupción” que constituye la tramitología heredada por los gobiernos del pasado, según el senador César Cravioto.

Afirmó que la oposición rechaza el decreto porque “quiere impedir que el presidente López Obrador cumpla sus promesas” y entregue en tiempo los proyectos de infraestructura que lleva a cabo.

El acuerdo puede echarse a bajo mediante acciones de inconstitucionalidad, las cuales pueden ser presentadas por la sociedad civil, legisladores e instituciones gubernamentales.

De hecho, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció este martes que prepara una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al considerar que el acuerdo transgrede al artículo 6 constitucional sobre reserva de la información pública.

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