Este sábado 13 de noviembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió algunas recomendaciones a tres entidades de la república, esto en virtud de que existen diversos reportes de diferentes personas que acusaron presuntos actos de violencia, agresiones armadas y amenazas por parte de supuestos servidores públicos. Asimismo, el apercibimiento fue dirigido a la Guardia Nacional (GN).
De acuerdo con la relatoría de la comisión a cargo de Rosario Piedra Ibarra, ocho personas defensoras civiles de derechos humanos denunciaron que fueron víctimas, en actos independientes, de los ilícitos señalados.
Los quejosos señalaron que la violación de sus garantías fue un acto represivo en consecuencia a su labor como promotores de los derechos humanos en Baja California (BC), San Luis Potosí (SLP) y Sonora.
En Baja California, la defensora María Teresa Vallejo Pérez, denunció que, en agosto de este año, el defensor Cuauhtémoc Castilla Gracia fue objeto de un atentado en el que sujetos desconocidos, posiblemente policías municipales de Mexicali, realizaron detonaciones de arma de fuego contra él cuando se encontraba en su centro de trabajo en esa entidad. El defensor resultó herido en el cuello.
Se identificó que el incidente está relacionado con la labor de defensa de los derechos humanos que realiza Castilla Gracia. Asimismo, el señor Ramón Antonio Castilla Viramontes, hijo del defensor agredido, también ha sido objeto de amenazas.
Por su cuenta, el escrito promovido en San Luis Potosí señala que los defensores de DDHH Luis Edgardo Charnichart Ortega, Luis Enrique Biú González, Juan Carlos Soni Bulos y Evanibaldo Lárraga Galván, integrantes del Grupo Huasteco de Promoción y Defensoría de los Derechos Humanos, A.C., recibieron amenazas por parte de grupos delictivos del estado.
Las víctimas informaron que durante uno de sus traslados entre el Centro Penitenciario de Xolol y el municipio de Tanquian de Escobedo, fueron seguidos por dos vehículos y en el trayecto, las personas que manejaban dichos autos hicieron detonaciones al aire con armas de fuego como una forma de intimidación.
Mientras tanto, en Sonora la CNDH recibió un escrito interpuesto por los defensores de derechos humanos César Cota Tórtola y Fernando Jiménez Gutiérrez, indígenas yoremes del Pueblo de la Loma de Guamuchil-Cocorit, perteneciente a la Tribu Yaqui de dicha entidad, quienes aseguraron haber sido amenazados por presuntos integrantes del crimen organizado.
El documento menciona que en fechas recientes les incendiaron una casa y han accionado armas de fuego contra otras dos. Los actos se llevaron a cabo al interior del pueblo de la Loma de Guamuchil-Cocorit, en el municipio de Cajeme, lo que atribuyen a miembros de la delincuencia organizada.
En consecuencia, la CNDH consideró procedente solicitar la implementación de Medidas Cautelares al general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional; a Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de BC; así como a diversos mandos operativos del ejecutivo local.
Respecto al caso de San Luis Potosí, se apercibió a Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de la entidad; asimismo, al encargado de la Fiscalía General del Estado y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública.
Mientras que en el caso de Sonora solicita las medias al gobernador constitucional, al secretario de gobierno, al secretario de Seguridad Pública, a la Fiscalía General de Justicia local, así como al presidente municipal de Cajeme, con el objeto de que se realicen todas las acciones necesarias para salvaguardar la vida, seguridad física e integridad personal de las personas mencionadas, aplicando los protocolos que correspondan en cada caso.
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