Mauricio Cerón y Patricia Gómez, quienes eran peritos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), fueron detenidos y vinculados a proceso por su probable responsabilidad en obstaculizar las indagatorias del caso Ayoztinapa que derivó de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero.
A través de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, la actual Fiscalía General de la República (FGR) logró que un juez de control otorgara procesar a los ex funcionarios públicos, derivado de crímenes cometidos contra jóvenes estudiantes.
Presuntamente, ambos realizaron actividades en el Río San Juan el 28 de octubre de 2014, lo cual derivó en la obstaculización de la investigación acerca del paradero de los 43 normalistas desaparecidos.
De acuerdo con el reporte, los dos imputados estaban adscritos a la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR.
“En consecuencia, el Ministerio Público Federal (MPF), aportó los datos de prueba al Juez de Control Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, quien vinculó a proceso a estas personas y fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria”, destacó la FGR.
El pasado 24 de septiembre, tanto la dependencia ministerial como la Secretaría de Gobernación reportaron que de las 89 órdenes giradas por supuestos responsables en los hechos, al menos 30 estaban pendientes de ejecutar sobre aquellos que habrían participado directamente en la desaparición y 10 más eran contra funcionarios que alteraron las investigaciones.
Con la detención de Mauricio Cerón y Patricia Gómez faltarían ocho ex servidores públicos que en su momento quisieron estructurar un caso con testimonios obtenidos mediante tortura, siembra de evidencias, violaciones al debido proceso y una suma de irregularidades que permitieron la liberación de objetivos relevantes, así como nulos avances en la procuración de justicia.
Todo ello se realizó para dar carpetazo el asunto y sustentar la llamada verdad histórica que quisieron ofrecer los miembros de la PGR y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), sobre lo sucedido la noche y madrugada del 26 al 27 de septiembre en Iguala.
El 28 de octubre de 2014, a sólo un mes de la desaparición de los estudiantes, Tomás Zerón, jefe de la AIC desde septiembre de 2013 hasta 2016, dirigió la indagatoria en las inmediaciones del basurero de Cocula y del Río San Juan, donde, al día siguiente (el 29) buzos de la Marina habrían encontrado bolsas con restos óseos quemados.
El hecho fue denunciado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en un video, lo que dio lugar a la especulación de que los restos podrían haber sido sembrados.
Zerón aseguró que estas investigaciones fueron transparentes, de diligencia formal y con mandamiento ministerial. Incluso dijo que el recorrido en el Río San Juan se efectuó en compañía de Agustín García Reyes, alias el Chereje, uno de los detenidos clave en la desaparición de los normalistas; este sospechoso habría confesado la versión sobre que los restos fueron arrojados al río, luego de quemar los cuerpos.
A su vez, la PGR tampoco habría avisado ni tenido presencia del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), cuando recolectaron evidencia en el basurero de Cocula. Ahora se sabe, a decir de la FGR, que la Ministerio Público que firmó documentación para esas diligencias, en realidad se encontraba a miles de kilómetros, trabajando en la Ciudad de México.
El 23 de septiembre reciente se reveló que el supuesto jefe de sicarios de Guerreros Unidos dijo a la nueva Unidad de la FGR que fue torturado por Tomás Zerón para emitir falsas declaraciones.
En el video difundido al respecto, se observa que las diligencias en el río, el Chereje acudió sometido por agentes de la PGR. Así fue como en octubre de 2018, García Reyes quedó libre tras la determinación de un Tribunal en Matamoros, Tamaulipas, por violaciones en su debido proceso.
Tomás Zerón está refugiado en Israel y las autoridades mexicanas piden su extradición, pero él se ha identificado como perseguido político. Cuando sea devuelto, se habrán de ejecutar otras órdenes de aprehensión contra sus colaborares en la PGR, además de aquellos que han sido procesados.
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