El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología hizo modificaciones en su Código de Ética con el propósito de evitar las críticas a la institución por parte de los miembros que la integran.
Ante esta nueva medida, investigadores y catedráticos argumentaron que es la primera vez que algo así sucede en el Consejo, pues nunca antes se habían enfrentado a una limitante en su libertad de expresión.
“Somos científicos que sufrimos las decisiones políticas a nivel laboral y ciencia y ahora resulta que uno como empleado del Conacyt no puede criticar políticas que nos afectan”, comentó Edgardo Sepúlveda, quien afirmó encontrarse en un “dilema moral de si es ético firmar ese código”.
Como pequeño preámbulo, debe aclararse que, durante muchos años operó en el Conacyt el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, órgano que contó con gran influencia en la toma de decisiones dentro del Consejo. Si bien la Ley de Ciencia y Tecnología contemplaba la figura del Foro Consultivo como un órgano interno del Conacyt, no aseguró en algún momento que este debiese constituirse como una asociación civil.
El dinero que destinaba el Consejo era de aproximadamente 3 mdp mensuales, para financiar proyectos de investigación y comunicación, pero con la nueva administración, el Conacyt ofreció un presupuesto más austero.
Esto último llevó a una demanda por parte de la entidad privada, lo que benefició al Conacyt, resolviendo que la junta de gobierno del Consejo no tenía la obligación de darle dinero a esta institución. Ahora, la situación está clara para ambas partes y el Foro debe ser una organización de carácter público.
En este proceso, se encontraron irregularidades con las asignaciones de dinero al Foro y se denunció el posible mal uso de estas. Según el mismo Consejo, se entregó la evidencia de este posible mal acto y su participación en el caso cesó.
Con esto, el Conacyt limpió su imagen ante las acusaciones que pudieran realizarse a causa de sus acciones en conjunto con el Foro, declarando que, en primer lugar, han mantenido informados a fiscales sobre la mencionada situación administrativa y, en segundo lugar, la institución no persigue ni ha perseguido a sus científicos y, por el contrario, los apoya en las ideas de libertad de cátedra, de investigación y expresión. Sin embargo, con la nueva propuesta del Código de Ética, se ponen en duda las intenciones reales de este documento y del mismo consejo.
A pesar de haber argumentado que esta decisión es meramente una obligación legal, sus integrantes no opinan lo mismo, pues creen que se trata de una falta a los derechos humanos y un acto de corrupción.
Por un lado, el Conacyt se pronuncia como un órgano que promueve los principios de humanismo, ética y honestidad, pero ha antepuesto sus ambiciones por encima de los intereses de la comunidad científica.
De la misma manera, han repetido en diversas ocasiones que respaldan a sus integrantes con becas y apoyos, contribuyendo a la solución de problemas nacionales en el ámbito científico, aunque esto no ha sido suficientemente beneficioso, pues sus investigadores han denunciado la imposición y la aplicación de un código que señala los límites de la libertad de expresión.
Esta iniciativa fue firmada por Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt, quien ha pronunciado que “la administración pública sucumbió ante grupos de poder y se colmó de personas que pervirtieron el servicio público. La corrupción triunfó sobre la ética pública. El Conacyt no fue la excepción”. Por tal motivo, “recae en nuestro hombros la gran responsabilidad de poner la administración pública al servicio del pueblo, de velar en todo momento por el interés general y devolver al servicio público la dignidad perdida. Todo ello solo puede realizarse sobre la base de principios éticos y convicciones firmes, bien arraigadas y ampliamente compartidas”, dijo.
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