El gobierno mexicano publicó el decreto por el que se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidos de 1965 a 1990.
El decreto, publicado este miércoles en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), señala que la Comisión “se constituye como grupo de trabajo especial” para cumplir las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes relacionados con los hechos de violaciones graves de derechos humanos en el periodo de violencia política de 1965 a 1990.
Y “a efecto de que se realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria dentro de la competencia de la Administración Pública Federal, y en su caso, dar vista a las autoridades ministeriales, judiciales, de atención a víctimas o aquellas que resulten competentes para su atención”.
También señala que corresponde a la Comisión “establecer los mecanismos para el esclarecimiento histórico de las violaciones graves de derechos humanos cometidas en el país” en el citado periodo.
Esto a través de las investigaciones correspondientes, “las cuales deberán realizarse sin sesgos, con independencia, imparcialidad y competencia”.
Además deberá implementar los mecanismos de investigación necesarios para impulsar las acciones ante las autoridades ministeriales y judiciales competentes, a efecto de coadyuvar en el acceso a la justicia.
También establecerá los mecanismos para el fortalecimiento de las acciones en materia de búsqueda de personas desaparecidas de manera forzada entre 1965 a 1990 al tiempo que deberá impulsar y dar seguimiento, conforme las disposiciones jurídicas aplicables, a los procedimientos para la implementación de las medidas de reparación a favor de las víctimas de violaciones graves de derechos humanos, en el citado periodo
La Comisión también tendrá que diseñar estrategias que impulsen el derecho a la verdad, la memoria y la no repetición de violaciones a los derechos humanos, entre otras.
Según el documento, la Comisión estará integrada por el titular de la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, quien la presidirá; los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores así como de Hacienda y Crédito Público.
Además de los titulares de las Comisiones Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y de la Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), y cinco personas expertas de reconocida calidad moral o prestigio profesional que contribuyan con el objeto de la Comisión.
Guerra sucia
En febrero de 2019, la CEAV presentó un plan de atención y reparación a las víctimas de la violencia política de la época conocida como “Guerra sucia”, década de 1970 y parte de la de 1980, la cual fue catalogada por especialistas como “terrorismo de Estado”.
Entre las medidas que contemplaba el plan estaba la creación de un mecanismo de investigación independiente, una disculpa pública, la creación de memoriales y la instauración del día nacional para recordar a las “Víctimas de la Guerra Sucia”, entre otras.
Según especialistas, durante ese periodo existió en el país “una violencia ejercida por el Estado mexicano” contra disidentes y opositores políticos en distintas entidades del país.
Entre ellas, el entonces Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y en estados del norte del país como Sinaloa, Chihuahua y Nuevo León, o Jalisco, aunque esta violencia especialmente se focalizó en Guerrero (sur), y principalmente en la zona rural de esa entidad.
Con información de EFE
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