Este domingo 26 de spetiembre, imágenes en redes sociales evidenciaron que la ciudad de Monterrey, Nuevo León, amaneció con narcomantas presuntamente del Cártel del Golfo (CDG). “Esto va para todos los mugrosos traicioneros y norestes”, empieza el texto.

Sin embargo, el mensaje es diferente a otros porque no incluye amenazas de ataques. El supuesto comunicado del grupo criminal afirma que no busca “pelear” y solamente quieren la “tranquilidad” de la población y dejar que el gobierno “haga su trabajo”.

“Llegó la barredora... aquí los pasados de verga no caben. No venimos a pelear con nadie, sólo a darle tranquilidad a toda la población de Nuevo León y dejar que el gobierno haga su trabajo (…)

“Las extorsiones para el pueblo, gente de trabajo, municipios, empresarios, secuestros, cuotas, pagos de piso, se tiene que acabar y se van a terminar. Los jóvenes andarán en sus convivios, antros, cantinas, bares, restaurantes, sea una diversión sana. Se acabaron también los enguilados, amigos del amigo, nosotros no apadrinamos a nadie que esté en contra de nuestro reglamento. Cada quién en lo suyo y lo de nosotros no meternos ni pelear con el gobierno ni la población”.

El texto lo firma el presunto “grupo de Los Metros” del Cártel del Golfo. Los mensajes adjudicados al crimen organizado también aparecieron en municipios aledaños a la ciudad, como Apodaca, Escobedo, García y Linares.

Un presunto narcotraficante asesinado en 2019 era el propietario clave de una empresa que está bajo investigación por canalizar fondos hacia la campaña del gobernador electo del estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, quien asumirá el caro el próximo mes.

El sitio especializado en narcotráfico Breitbart Texas obtuvo acceso exclusivo a los documentos de la investigación encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR), y reveló que una de las empresas que supuestamente fue utilizada para lavar fondos —llamada Servicios y Asesorías Zulamak S.A. de C.V.— era propiedad de José Adrián Parrilla Correa, de 29 años, un presunto narco abatido.

De acuerdo con la investigación, a pesar de que la empresa cuenta con número de registro y de expediente estatal, tanto la compañía como la personalidad comercial de los propietarios parecen ser ficticias. La sede corporativa se encuentra ubicada en el barrio 10 de Marzo en Monterrey, una zona identificada como punto rojo de venta de droga.

La empresa citada anteriormente y otra llamada Grupo Renok S.A. de C.V. están bajo la lupa de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas inconsistencias. Una de ellas es que ninguna de las dos contaba con personal ni equipo para operar recibos y facturas para servicios y bienes, a pesar de que aseguraban hacerlo.

Parrilla Correa se ostentaba como empresario de Monterrey, y sus empresas prestaban servicios de marketing, recursos humanos y auditoría. Sin embargo, sus antecedentes penales revelaron un arresto en 2012 por cargos de distribución de drogas a nivel local.

Incluso llegó a declarar, durante uno de sus arrestos, que era distribuidor de drogas para el cártel de Los Zetas. Fue condenado por cargos federales de drogas pero pudo evitar la cárcel gracias al servicio comunitario.

En 2014, las autoridades locales arrestaron a Parrilla Correa, y más tarde un juez lo condenó por el robo violento de una pequeña cantidad de efectivo. En 2016, las autoridades lo arrestaron por otro cargo de posesión de drogas, luego de detenerlo inicialmente por fumar marihuana en el barrio 10 de Marzo, la misma zona donde está registrada la empresa Zulamak.

Parrilla Correa fue asesinado en 2019, luego de que un sicario le disparara presuntamente por una pequeña deuda de drogas.

La investigación se centra en el presunto uso de empresas fantasmas para lavar dinero, ya que parte de esos fondos, al parecer fueron enviados a la campaña de Samuel García. La investigación también señala a su suegro, Jorge Gerardo Rodríguez Valdez, y su presunto uso de Zulamak para mover fondos.

La fiscalía anunció a principios de mayo que investigaba a García y a Adrián De la Garza, candidatos que aparecían como los punteros en la elección para gobernador de Nuevo León.

En el caso del entonces abanderado de Movimiento Ciudadano, la dependencia explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) aportó información sobre García, así como de su padre Samuel Orlando García Mascorro, su esposa Mariana Rodríguez Cantú, y del padre de ésta, Jorge Gerardo Rodríguez Valdez, por diversas denuncias.

El padre del gobernador electo figura en varios archivos de inteligencia en ambos lados de la frontera por presuntamente ser prestanombres del ex jefe del Cártel del Golfo, Gilberto El June García Mena, y presuntamente desfalcar sus propiedades y cuentas. El ex senador pidió en su momento que las autoridades dejaran a su familia fuera de las investigaciones.

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