La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará una tercera orden de arresto en contra de 31 científicos e investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a quienes acusa por delitos patrimoniales en contra del erario público.
“Se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”, destacó la dependencia.
Pues este 22 de septiembre, un juez rechazó la segunda solicitud de la FGR para procesar a quienes, en su carácter de servidores públicos, financiaron una empresa a la que se adhirieron bajo la aprobación de un estatuto interno.
El juzgador consideró que la empresa privada creada, autorizada y fondeada por el grupo de científicos del Conacyt usó recursos federales destinados a la investigación, con los cuales compraron muebles, vehículos, inmuebles, pagaron salarios y servicios directos. Sin embargo, ello no actualizaba hechos delictivos porque el Foro de Consulta señalado en el estatuto del Conacyt avaló ese tipo de operaciones.
Para la FGR, ese criterio es inaceptable, pues un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del Conacyt no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio Conacyt, que son obligatorias para ellos.
Según la fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero, las regulaciones superiores no permiten que la institución de investigadores pueda convertirse en una empresa privada, cuyos recursos sean obtenidos de fondos públicos.
“El Ministerio Público de la Federación no coincide con ese criterio y apoya las denuncias por delitos de carácter patrimonial que se intentan judicializar, exponiendo ampliamente sus fundamentos, motivaciones y pruebas que deben necesariamente de valorarse en su totalidad y hacerse públicas”, comunicó la FGR.
De ahí que la institución ministerial agotará todos los recursos a su alcance y recursos procedentes para ir en contra del grupo de científicos para defensa, aseguró, de los intereses de la Federación.
Por otro lado, la FGR mostró su rechazo a las filtraciones, tal como ocurrió con la noticia de la decisión judicial para no otorgar las órdenes de arresto, pues ello impedía tratar un tema con objetividad y apegado a derecho.
Tras darse a conocer las acciones de la fiscalía, decenas de críticos y opositores a la actual administración condenaron los hechos y consideraron que se trataba de una venganza política por parte de Gertz Manero.
“#TenganParaQueAprendan bola de ojet*s. Persigan criminales, no científicos. Eso les pasa por juntarse con dictadores. @FGRMexico”, señaló el panista Javier Lozano a través de su cuenta personal de Twitter.
Mientras que Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, por empeñarse en castigar a los científicos e investigadores reduciendo el presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, aunado a la demanda de la FGR.
“Es inaudito y condenable que se persiga y amenace a los científicos e investigadores de México, mientras que a la delincuencia se les abraza y se les declare la paz. ¡Nuestra solidaridad con la inteligencia nacional y la defensa legal si es necesario! #Conacyt”, escribió en su red social.
Previamente, el mandatario confirmó que existían acciones judiciales contra un grupo de la dependencia de investigadores.
“Tengo entendido que sí porque se presume que hubieron malos manejos de recursos en el Conacyt, sin embargo, esto lo va a resolver el juez y el que nada debe, nada teme”, afirmó en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.
El presidente reiteró que el combate a la corrupción debe ser parejo, por lo que no habrá impunidad para nadie. Y aquellos que fueran inocentes no debían preocuparse porque, aseguró, en la actualidad no se fabrican delitos.
Otras versiones han destacado que el caso sería una venganza personal por parte de Gertz Manero, quien fue duramente criticado por la comunidad científica al recibir el nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores por la directora del Conacyt.
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