
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el afán de garantizar los derechos a la salud de las mujeres y personas menstruantes, promovió a Recomendación 35/2021, misma que se dirigió a los gobernadores de la república, a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México; al comisionado de Prevención y Readaptación Social y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Este domingo 12 de septiembre, el órgano dirigido por Rosario Piedra Ibarra, publicó un comunicado oficial en el que advierte que han logrado acreditar “violaciones al derecho humano a la protección de la salud en transversalidad con el derecho a la salud sexual y reproductiva, así como al acceso a una gestión e higiene menstrual digna de las mujeres y personas menstruantes privadas de la libertad”.
De acuerdo con la dependencia descentralizada, durante diversas visitas efectuadas por personal del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) a los centros penitenciarios del país que albergan mujeres, de manera generalizada hay restricción y dificultad para el acceso a las toallas femeninas, y en la mayoría no se garantiza el acceso y el abasto suficiente.

Asimismo, apuntan que las autoridades penitenciarias de diferentes estados reconocieron que no existe una partida presupuestal específica para adquirir los insumos menstruales, ante esta deficiencia, agregaron que de acuerdo con los administradores de las cárceles la mayoría de las toallas que usan se reciben a través de donativos y de familiares de las reclusas que procuran este servicio.
Por ello, desde el 10 de noviembre de 2020, la comisión inició una investigación en la que solicitó información pertinente a las autoridades carcelarias de los 32 gobiernos locales, a la Sedena y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La investigación fue reveladora, pues se confirmó que en la mayoría de los estados no se cuenta con una partida presupuestal específica para la adquisición de elementos de gestión menstrual, lo cual impide proporcionar de manera gratuita y suficiente a las mujeres y personas menstruantes que se encuentran en reclusión.

Aunado a esto, se detectó que una de las vías para que las mujeres accedan a elementos sanitarios para atender dignamente su menstruación, es mediante la compra de toallas en tiendas al interior de los penales; sin embargo, los costos de dichos insumos resultan elevados y muchas veces inaccesibles para las reclusas.
En cuanto a la especificidad de los insumos con los que deben de ser atendidas las personas menstruantes, la CNDH no descartó la implementación de copas menstruales, pero esto estará sujeto a un estudio de viabilidad respecto a su adquisición y distribución en cada entidad federativa.

Bajo esta óptica, el estudio del órgano que dirige Piedra Ibarra resaltó las condiciones generales en las cárceles de Guerrero, Hidalgo, Puebla, Morelos, Sonora y Tabasco, donde no se cuenta con espacios dignos para la higiene de las internas; asimismo, en la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Sonora y Tamaulipas, se confirmó falta o deficiencias para el suministro del agua.
Finalmente, la CNDH hizo de carácter público la Recomendación 35/2021, con la finalidad de que la opinión popular pueda consultarla y tenga la información pertinente sobre las observaciones y recomendaciones pertinentes para paliar esta problemática.
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