“No es venganza o persecución”: Ricardo Monreal defendió la Ley de Juicio Político

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado, informó que su partido está dispuesto a hacer cambios a la iniciativa de reforma a la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, por lo que negó que sea usada como un instrumento de venganza o de persecución política en contra de algún gobernador o servidor público.

Durante conferencia de prensa en el Senado de la República, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) señaló que cualquier modificación a la Ley de Juicio Político, aprobada la madrugada del pasado 2 de septiembre por las fracciones de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), implicaría la devolución a la Cámara de Diputados.

Por lo que, declaró, Morena busca “con gran flexibilidad” lograr un consenso con los otros partidos para evitar cualquier intento de inconsistencia constitucional que diera lugar a una controversia o acción de inconstitucionalidad.

“Estamos intentando con una gran flexibilidad lograr acuerdos en esta Ley que es una minuta que proviene de la Cámara de Diputados. Obviamente cualquier modificación que se tenga a ella, implica la devolución, regreso a la Cámara de Diputados, que es Cámara de origen; sin embargo, queremos salvar en la medida de lo posible cualquier intento de inconsistencia constitucional que diera lugar a una controversia o acción de inconstitucionalidad”, sostuvo.

Monreal detalló que se dialoga con los grupos parlamentarios para lograr un acuerdo en este ordenamiento y que sea avalado este jueves 9 de septiembre; sin embargo, expresó no tener prisas en llegar a un consenso con las demás fracciones.

“Por eso estamos intentando, todavía en este momento, lograr un acercamiento con los grupos parlamentarios. Están todos intentando llegar a estos acuerdos y será más tarde que podamos leer este dictamen (...) Esperamos que salga hoy, pero tampoco es forzando tiempos, estamos logrando el tiempo para lograr consensos”, agregó el senador.

Asimismo, Monreal Ávila aseguró que la Ley no va dirigida a nadie y negó que pueda ser utilizada como instrumento de venganza en contra de los gobernadores de oposición, ya que sólo intenta ordenar el proceso de juicio político y declaración de procedencia.

“Está muy sensible la oposición y es lógico en este momento político, pero no hay intención o norma en todo el cuerpo de la iniciativa que pueda interpretarse como un instrumento de venganza o de persecución política en contra de gobernadores o servidores públicos de los que menciona la Constitución que disponen de fuero”, dijo Monreal.

Explicó que es una Ley que intenta ordenar todo lo referente al juicio político y la declaratoria de procedencia; el coordinador recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha resuelto el recurso que interpuso la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

“Es un reclamo amigable, porque no puede ser que no tengan la sensibilidad de resolver un tema tan delicado. Son muchos meses que han dejado en el desamparo al Estado, a los ciudadanos y ciudadanas de Tamaulipas”, aseveró.

¿Qué implica la Ley de Juicio Político?

El pasado jueves 7 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, misma que quedó pendiente de la Comisión de Gobernación de la anterior legislatura.

Con 266 votos a favor y 205 en contra, el pleno de la Cámara aprobó la iniciativa que es reglamentaria de los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juicio político, declaración de procedencia y responsabilidad penal del presidente.

Su aprobación permitirá definir, actualizar y regular “los procedimientos que permitan sancionar a servidores públicos que han violentado el buen funcionamiento de las instituciones públicas”.

Con ello, se podrá sancionar, destituir o inhabilitar a los funcionarios de alto nivel, incluido el presidente de la República, que incurran en violaciones graves a la Constitución, leyes federales o hagan uso indebido de los recursos federales.

SEGUIR LEYENDO: