El Instituto Nacional de Transparencia mexicano (INAI) es un baluarte del Estado de Derecho que debe respetarse, protegerse y conservarse, pues sus determinaciones y orientaciones son fundamentales para la debida justicia, afirmó Sergio García Ramírez, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la inauguración del foro “Transparencia y Estado de Derecho: El derecho de acceso a una justicia abierta”, convocado por el INAI, en el marco del Día de los Abogados, García Ramírez planteó que los órganos autónomos juegan un rol protagónico en el Estado de Derecho, como instituciones que se han formado a partir de facultades que fueron del Poder Ejecutivo y ahora encarnan en órganos autónomos.
Por ello, deben ser preservados y respetados por los otros poderes, en los términos previstos por la Constitución. “Es conveniente que los órganos autónomos retengan estas facultades y puedan ejercerlas con plenitud. Entre ellos, desde luego, el Instituto que ahora se ocupa del acceso a la información y la custodia de los datos personales. El INAI, con otros órganos, es un baluarte del Estado de derecho”, completó.
Al impartir una conferencia magistral sobre el derecho de acceso a una justicia abierta, García Ramírez se pronunció por el respeto a las funciones de los órganos autónomos y a la garantía de independencia en su actuar, ante la tendencia del poder centrípeto a reabsorber las facultades que le han sido retiradas con el mandato de la Constitución.
“Necesitamos seguir luchando arduamente por el rescate del Estado de Derecho y por su plenitud de lo que es y significa en la vida de todas las personas. Centrándonos, siempre, en el riesgo de que se extravíe de ese Estado de Derecho, a través de una concentración desmesurada del poder y una reducción práctica en el ejercicio de los derechos y las libertades de los individuos”, acentuó.
A su vez, la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, celebró el hecho de que cada vez haya más mujeres abogadas, pues cuando empezó a conmemorarse del Día de las y los Abogados en México, el 12 de julio de 1960, era una carrera dominada por los varones, sin embargo, reconoció que esta situación se ha revertido al grado de que, en 2019, por ejemplo, la mitad de las personas graduadas de Derecho en la UNAM fueron mujeres.
Ibarra Cadena sostuvo que hablar del derecho humano de acceso a la justicia supone implícitamente el principio de justicia abierta, esencial en una democracia constitucional. “Este concepto engloba un conjunto de derechos: la tutela judicial efectiva y el derecho de acceso a la información, los cuales, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben ser concebidos con perspectiva de género”, precisó.
Durante los trabajos del foro, la comisionada Josefina Román Vergara y los comisionados Francisco Javier Acuña Llamas y Adrián Alcalá Méndez, como integrantes del Pleno y profesionales del Derecho, coincidieron en la necesidad de continuar impulsado la justicia abierta como pilar fundamental para la consolidación plena del Estado de Derecho en el país.
En su momento, Ana Laura Magaloni Kerpel, Académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró que la falta de acceso a la justicia, perpetúa la pobreza en México. Remarcó que la justicia es lenta y se caracteriza por su alto grado de complejidad, lo que la hace inaccesible para buena parte de la sociedad, la más débil, que vive en la orfandad jurídica.
“¿Cuántas cosas cambiarían en México si las personas que históricamente han sido marginadas y excluidas pudiesen experimentar en su vida cotidiana el halo protector de la ley?, una ley que cuida, que garantiza sus derechos, que protege a los que siempre se los han fregado; este halo protector de la ley ahí donde la ley sólo castiga, es clave para recobrar el sentido de comunidad, en donde la violencia se lo ha robado todo. Eso sólo es posible si se garantiza transversalmente el derecho de acceso a la justicia”, advirtió.
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