En medio de la gira del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para supervisar el avance de la construcción del Tren Maya, pobladores de tres comunidades de Campeche, se manifestaron para rechazar la construcción de una de las obras insignia del mandatario.
Pese a que el Jefe del Ejecutivo federal asegura que el Tren llevará empleo y desarrollo al empobrecido sureste mexicano, la obra ha encontrado un sinnúmero de resistencias en diversas poblaciones.
El Tren Maya atravesará los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo a través de 1,500 kilómetros de rieles, para lo cual se han talado numerosos árboles, afectando la naturaleza y poniendo en riesgo a especies animales y vegetales, la disposición de agua potable, así como a los habitantes de las zonas por donde pasará el transporte que tendrá un uso turístico y de carga.
Horas antes de que el presidente López Obrador visitara Campeche para evaluar los avances de la obra, pobladores de los barrios La Ermita, Camino Real, Santa Lucía y la comunidad maya de La Candelaria, denunciaron que han recibido intimidaciones por parte del gobierno federal, principalmente del Fondo Nacional al Turismo (Fonatur) de autoridades encargadas de la construcción del Tren Maya y de integrantes de Morena, por defender sus viviendas, ubicadas en el trazo por donde pasará el transporte.
Aseguraron que los funcionarios los han intimidado para que desistieran en los amparos que presentaron para evitar ser desalojados de manera forzosa. Incluso -dijeron-, integrantes de Morena también los presionaron durante el pasado proceso electoral.
“En repetidas ocasiones indicaron que, si no nos desistíamos de los amparos, luego no se nos iba a dar una nueva casa como indemnización por el desalojo. Ese mismo mensaje nos ha llegado por personal de Fonatur y otras autoridades, quienes nos insisten en que si queremos negociar debemos primero desistirnos de los juicios de amparo”, acusaron a través de un comunicado.
“Debido a que nuestra lucha social y judicial ha logrado hasta ahora evitar los desalojos, las autoridades acuden ahora a la intimidación, llegando incluso a condicionarnos la entrada de programas sociales si no nos desistíamos de los juicios”, aseguraron.
Los afectados señalaron que a esto se suman las acciones del Juzgado Primero de Distrito que negó la suspensión definitiva en uno de los amparos que interpusieron, bajo el argumento que nunca ocurrió el evento público en el cual el presidente, los cinco gobernadores del Tren Maya y otras autoridades federales firmaron un convenio de colaboración para ejecutar el Plan de Ordenamiento Territorial de la región del Tren Maya.
También denunciaron que a través de redes sociales se ha atacado a “voceras de nuestra causa, acusándoles de recibir dinero de organizaciones de derechos humanos para confundir a la gente”.
Aseguraron que “esta campaña de mentiras, así como de chismes que se han encargado de circular en nuestros barrios y comunidad, se acompañó de la filtración de datos sensibles en medios de prensa para estigmatizar y acusarnos de formar parte de una conspiración contra el gobierno”.
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