Simón Pedro Pérez López, activista, catequista, y ex presidente de la organización Las Abejas de Acteal, fue asesinado en el municipio de Simojovel, en la entidad federativa de Chiapas, donde vivía, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
El indígena tzotzil fue víctima del balazo de un arma de fuego. El perpetrador viajaba a bordo de una motocicleta en movimiento, desde donde disparó de manera directa.
El homicidio fue registrado alrededor de las 10:00 horas de este lunes, informó el Frayba en un comunicado, en la cabecera municipal, ubicada al norte de la entidad federativa. Reportes señalaron que Simón Pedro iba acompañado de su hijo para hacer compras en un mercado.
“El asesino iba en una motocicleta en movimiento desde la que le disparó de manera directa y escapó. Repudiamos la acción criminal que está imperando en los Altos de Chiapas”, afirmó el CDH.
“Desde su trabajo como integrante de Las Abejas de Acteal y como servidor de la iglesia, trabajó en la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas; había estado acompañando a comunidades que han denunciado la violencia, solicitando su cese y la búsqueda de justicia”, dijo el Centro de Derechos Humanos.
El Frayba también exigió a las autoridades del estado de Chiapas “una investigación diligente, garantizando la seguridad de la familia de Simón Pedro y de las y los integrantes de Las Abejas de Acteal”, agregando que repudia el crimen.
En el comunicado, el CDH presidido por Raúl Vera López, obispo emérito de Saltillo, en Coahuila, manifestó su solidaridad a los integrantes de Las Abejas de Acteal y a los familiares de Simón Pedro Pérez López. También se expresó a los integrantes de la Parroquia Santa Catarina en Pantelhó.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el asesinato del activista medioambiental David Díaz Valdez, acontecido la tarde del viernes 2 de julio en Manzanillo, Colima.
De acuerdo con el comunicado emitido por este organismo autónomo, la urgencia actual es con la Fiscalía General del Estado, institución que debe realizar una investigación “eficiente, objetiva, pronta e imparcial” para identificar y localizar a los autores materiales e intelectuales de este homicidio.
Asimismo, recomendó que este procedimiento legal tiene que estar concentrado particularmente en su labor de activismo, pues es el principal motivo por el cual pudo sufrir su muerte, ya que realizó una denuncia pública respecto a los impactos negativos de la construcción de una termoeléctrica en la comunidad de Campos.
Esta misma defensa de su población y medio ambiente lo enviaron a la cárcel el pasado 15 de septiembre de 2020, cuando fue detenido por un conflicto con la Secretaría de Salud y Bienestar Social (SSBS), en el cual se le imputó la posesión de una ambulancia que prestaba servicios a la comunidad y fue retirada por la dependencia.
Apenas el pasado 21 de junio, después de nueve meses, fue exonerado y salió de la cárcel, donde, a través de un breve video, responsabilizó de su seguridad al fiscal general de Colima, al personal del Ministerio Público y del Poder Judicial del estado, además del magistrado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, debido a que “sus intereses oscuros me tienen preso sin justificación alguna”.
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