Alertaron por presunto espionaje político desde Gobernación

Luego de la filtración de un audio en el que el director de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, Omar Cervantes Rodríguez, le pide a su interlocutor -aún no identificado- denunciar “a los Scherer” (al consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer y a su primo Hugo, el estratega principal de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum), por apoyar al candidato de la alianza PRI-PRD al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza; se destapó una cloaca en el que quedó en evidencia la existencia de una red de espionaje en Gobernación.

El periodista Raymundo Riva Palacio, relató en su columna que escribe en El Financiero, que las luchas de poder entre la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, se remontan a la época de la transición, antes de que comenzara el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, debido a que el entonces presidente electo, aún no definía con claridad quién llevaría las riendas de la política interna del país.

Poco tiempo después, dejó a Sánchez Cordero en Gobernación en donde atendería la relación con la Suprema Corte de Justicia Nación (SCJN) y los gobernadores, salvo con Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que le encargó el presidente a Scherer, a quien además responsabilizó del resto de la política interna.

“El frágil equilibrio en esa distribución que siempre se empalmaba terminó por romperse, y desde octubre el presidente viene pensando en el relevo de la secretaria, sin decidirse todavía”, detalló Riva Palacio.

El columnista resaltó que Sánchez Cordero tiene un rol limitado en cuanto a la asesoría política a López Obrador, que se apoya principalmente en Scherer, en su vocero Jesús Ramírez Cuevas, y escucha, y a veces atiende, a Lázaro Cárdenas, su coordinador de asesores.

“En las últimas semanas Sánchez Cordero sostuvo un pleito soterrado en el marco de la reforma al Poder Judicial, que Scherer trabajó con el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, al tiempo de sumar a su trinchera a Carlos Alpízar, secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, que era el principal alfil de la secretaria en ese poder”, destacó.

Estas luchas de poder, señala Riva Palacio, se deben a la desidia de López Obrador para meter orden.

“Sin esa autoridad interna, los principales protagonistas en el gobierno se han apertrechado y han actuado contra quienes representan un obstáculo a sus ambiciones o necesidades de poder. La anarquía que proyecta López Obrador hacia sus subordinados se reproduce en otros niveles, como sucedió con el defenestrado vocero de Sánchez Cordero, Omar Cervantes Rodríguez”, destacó.

El periodista señaló que la conversación de Cervantes Rodríguez era privada, pero el fin de semana se desató un escándalo porque 15 segundos de su conversación comenzaron a circular en las redes sociales y fue retomada por varios columnistas, que la enmarcaron en el viejo enfrentamiento entre Sánchez Cordero y Scherer.

“El vocero renunció este martes a su trabajo a fin de poder dedicar el tiempo al seguimiento legal de lo más importante del caso: la vulneración de sus comunicaciones. Tiene toda la razón; ése es el problema de fondo”, resaltó el columnista.

Riva Palacio señaló que “los gobiernos utilizan sus aparatos de contrainteligencia para vigilar y detectar a aquellos que con sus acciones socavan al gobierno. Pero no se hacen públicos los hallazgos, sino se manejan privadamente y se determinan las responsabilidades mediante discretas investigaciones. Lo que dijo Cervantes Rodríguez debió de haberse procesado de esa manera y con consecuencias legales, al haber actuado en contra de los intereses del gobierno”, destacó.

Sin embargo, grabar de manera ilegal, incluso un presunto delito, pierde validez si en lugar de denunciar el hecho que se haya cometido, se utiliza mediáticamente.

“No se sabe si la grabación fue hecha por los órganos de seguridad del Estado o no. La divulgación, sin embargo, es un delito. Pero el gobierno no investigará hasta llegar a la fuente de quién grabó y quién publicó. El espionaje al que fue sometido Cervantes Rodríguez pasará sin castigo, como ha sucedido con prácticamente todos los casos similares desde los 90. El incendio político dentro de Palacio Nacional aparentemente se apagará y podría hasta costarle el cargo de Sánchez Cordero, pero todo será cosmético. La investigación que debería proceder de inmediato es sobre el espionaje que se está haciendo a los funcionarios de la Secretaría de Gobernación”, alertó el analista.

Raymundo Riva Palacio destacó que la divulgación de la grabación del exvocero se puede entender por razones coyunturales inherentes a las elecciones del próximo domingo, que afectan a la secretaria, pero también dejan mal parado al consejero jurídico y a su primo, que trabajan con Morena y Sheinbaum desde hace años.

“Sin embargo, no es el único colaborador de Sánchez Cordero cuyas comunicaciones hayan sido interceptadas. Esta columna conoce de otra intercepción telefónica sin orden judicial en donde Alpízar habla con un comunicador sobre la estrategia para liberar a Israel Vallarta, el jefe de la banda de secuestradores a la que pertenecía la francesa Florence Cassez, que Sánchez Cordero quiere que liberen”, reveló.

Sin embargo, destacó el periodista, la grabación no se hizo pública, posiblemente porque no genera rédito político.

“Pero la grabación de Cervantes Rodríguez, que golpeó a los brazos políticos de López Obrador y debilita a los tres, debería haber generado alarma dentro del gobierno y una investigación para determinar quién está actuando de manera ilegal con finalidad política. Este tipo de espionaje sobre Gobernación es un ataque al Estado Mexicano, cualesquiera que sea el origen, y no puede verse con la frivolidad del pasado donde todo se quedaba en la politiquería, sin ver la vulneración de la seguridad y lo frágil que es, de planteárselo alguien, desestabilizar al gobierno y a la nación”, finalizó.

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