Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se encuentra en el ojo del huracán. Esta vez por una denuncia ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que lo acusa de contratar presuntas empresas fantasma cuando era gobernador de Campeche.
El monto de estas operaciones simuladas y desvío de recursos realizados entre 2017 y 2019 alcanzaría los más de 59 millones de pesos, señala Teresita Cervantes Pérez ante el SAT.
De acuerdo con la revista Forbes, la ciudadana asegura tener conocimiento de que “Rafael Alejando Moreno Cárdenas, Chistian Mishel Castro Bello y América del Carmen Azar Pérez realizaron varias operaciones simuladas, desvíos de recursos, entre otros actos por encima de la ley, defraudando al gobierno de Campeche y a la Hacienda Pública Federal”
El periodo de “Alito” Moreno en Campeche, como también nombran al político, comenzó en septiembre del 2015 y concluyó en junio del 2019. Azar Pérez, por su parte, era secretaria de Finanzas del estado y Castro Bello estuvo en varios cargos de la entidad.
Estos tres personajes políticos habrían celebrado contratos con empresas de diversos giros que se encuentran en la lista negra del artículo 69-B del Código Fiscal Federal, asegura el medio mexicano.
Dentro de la denuncia, estos contribuyentes serían acusados de emitir comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura y material para prestar los servicios que señalan.
La adquisición, arrendamiento, servicios y obra pública de la que habla la denuncia habría tenido un precio final de 59 millones de pesos. “Ello generó un beneficio económico a los mismos, en perjuicio de los habitantes del Estado de Campeche y del fisco federal por la presunta adquisición de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”
Las empresas que habrían sido contratadas por el actual presidente de PRI serían: Comercializadora de Prisma, Comercializadora Múltiple de Servicios y Materiales de Occidente, Comercializadora y Distribuidora Turrialba, Corporativo Eximio, Distribuidora y Comercializadora Frisia, Everomex Solutions, Inveryuc, Maquila Textil del Sur, Prosercam Comercializadora, Seneste Servicios, Servicios Profesionales Jeura, Servicios Especiales la Comercial, Riviera Support, entre otras.
Estas acusaciones habrían sido previstas por el periodista Mario Maldonado quien dio a conocer dos semanas atrás que la Fiscalía General de la República estaría dirigiendo la artillería contra el dirigente del PRI. “No sólo apunta a un posible enriquecimiento ilícito, sino a la presunción de que se cometieron delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero, con prácticas recurrentes como la alteración del valor de las operaciones de compra y venta de los inmuebles”, escribió en su columna de El Universal.
El periodista aseguró tener documentos de 2011 a 2015, cuando era diputado federal por Campeche, Moreno Cárdenas compró 12 propiedades en su estado natal con un costo de 6.9 millones de pesos; aunque de acuerdo con los avalúos que ha registrado la propia Fiscalía, rebasan los 100 millones de pesos en valor real, “mismos que no alcanzan a cubrirse con sus ingresos como funcionario ni con su actividad empresarial, los cuales en sus mejores años los reportaba en un promedio de 5 millones de pesos anuales”.
Luego de la publicación de la columna, Moreno contestó a las acusación diciendo que el periodista estaría incómodo sobre sus declaraciones sobre la presunta reelección. “Se ve que mis declaraciones para que vayan sobre el crimen organizado y no sobre candidatos de Nuevo León, no gustaron”, escribió.
Además, aseguró que no tiene nada que esconder y que se está utilizando al Estado para amedrentar a la oposición. “Yo ya pasé por la revisión de la FGR sobre todo mi patrimonio. ¡Nosotros vamos con todo y vamos a ganar este 6 de junio!”, sentenció.
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