Luego de que el pasado abril el gobierno de México, junto con representantes del sector empresarial, acordaran un plazo de tres meses para regular la subcontratación de empleados en empresas, a fin de que éstos pasaran a formar parte de la nómina del patrón real, las compañías ya se encuentran planificando estrategias que deberán implementar si quieren evitar sanciones.
En ese sentido, Gabriel Aparicio, director general de Kelly Services México, comentó en entrevista para El Financiero que, al momento, las organizaciones aún están en el proceso interno de tener una correcta lectura e interpretación de la reforma que regula el outsourcing.
Consideró que pese a la incertidumbre y dudas que todavía hay sobre la nueva regulación, está incrementando el nivel de conciencia y de la importancia de dicha reforma, lo cual permitirá a empresas subcontratistas definir la correcta ejecución del plan que llevarán para su cumplimiento.
“La filosofía de estos cambios es atacar las violaciones a los trabajadores y la evasión a la hacienda pública e institutos de seguridad social, es acabar con la competencia desleal formal”, indicó para el medio.
Asimismo, aseguró que las empresas no se están esperando a agotar los plazos de la reforma, ya que desde el 24 de abril está prohibido firmar nuevos contratos de outsourcing. Los clientes están en sus planes de acción para evitar sanciones fiscales después del 1 de agosto.
Se prevé que en el transcurso de esta semana la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publique los lineamientos para el registro de subcontratistas al padrón que estará a cargo de la dependencia.
El director de la agencia de recursos humanos dijo que en días previos la dependencia publicó un borrador de los lineamientos en los que queda “muy claro que los subcontratistas deberán demostrar que están cumpliendo con sus obligaciones obrero-patronales, que demuestren la correcta constitución de sus objetos sociales y actividades preponderantes que ejecutan, que se presenten las evidencias documentales de que se es capaz de ejecutar un servicio especializado”.
Cabe recordar que en el 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de su intención de prohibir el llamado “outsourcing”, esquema que permite a las empresas contratar personal a través de otras empresas.
Lo anterior debido a que una de las consecuencias de este tipo de contratos laborales es que “el patrón puede controlar la cantidad de utilidades que le quiera pagar a los trabajadores”, puesto que el trato que hace no es directo con sus empleados, sino con la empresa que los provee.
En ese momento, la propuesta fue controversial por los reclamos de los empresarios que defendían este tipo de esquema legal de contratación y de los partidos políticos de oposición. Incluso se le llegó a reclamar a la administración de López Obrador que el propio gobierno tiene empleados por subcontratación.
No obstante, el pasado 20 de abril se ratificó la reforma laboral que regula y restringe sustancialmente la subcontratación en México.
La reforma señala que la subcontratación afectaba la recaudación tributaria, pues la expedición de facturas promueve una simulación fiscal nociva para unas finanzas sanas, además elude el cumplimiento de las obligaciones patronales como las cargas de seguridad social, las cuales también afectan al empleado; sin embargo, se reconocen las bondades administrativas de este tipo de empresas, por lo cual no queda prohibido, sino regulado.
Y es que desde el 27 de octubre de 2020, durante la conferencia matutina de AMLO, María Luis Alcalde, titular de la STPS, reveló que en México existen cerca de 4.5 millones de personas que están bajo un esquema de subcontratación y alrededor de 3 millones de personas son subcontratadas de manera ilegal.
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