La mayoría de Morena, el partido del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y sus aliados aprobaron este jueves en la Cámara de Diputados que se interponga ante la Suprema Corte una controversia constitucional contra el Congreso de Tamaulipas, que aprobó que son los legisladores locales quienes tienen la última palabra en el proceso de desafuero iniciado en San Lázaro contra el gobernador de la entidad, Francisco García Cabeza de Vaca.
Con 285 votos a favor, 77 en contra y 46 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó enviar la demanda de controversia constitucional, la cual argumenta que la decisión tomada por los legisladores tamaulipecos va contra la Constitución y que es precisamente en San Lázaro donde el destino del fuero de García Cabeza de Vaca se decidirá de forma definitiva.
Apenas a finales de febrero, el gobernador de Tamaulipas, uno de los opositores de más alto perfil del gobierno de López Obrador, fue señalado por la Fiscalía General de la República (FGR), que presentó una solicitud de declaración de procedencia contra García Cabeza de Vaca por haber cometido delitos por supuesta delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
La Cámara de Diputados admitió la solicitud y comenzó el proceso de posible desafuero contra García Cabeza de Vaca. En estos momentos, la poderosa Sección Instructora de San Lázaro se encuentra en el periodo de recolección de pruebas, para poder presentar su opinión al Pleno sobre si se deben retirarle la protección al gobernador tamaulipeco.
Si la Sección Instructora, encabezada por el veterano Pablo Gómez, de Morena, decide que hay elementos para proceder contra García Cabeza de Vaca, el Pleno de los diputados se convierte en jurado, escucha a las partes y decide, con mayoría sencilla, si el gobernador debe perder el fuero y ser separado del cargo.
Sin embargo, el Congreso de Tamaulipas, con mayoría del opositor PAN (Partido Acción Nacional), del que forma parte García Cabeza de Vaca, aprobó un punto de acuerdo donde definía que, tras la decisión de San Lázaro, el proceso pasaba a manos de ellos.
El proceso aprobado por los legisladores locales indica que el Congreso de Tamaulipas seguirá el mismo proceso que la Cámara de Diputados. Si ellos también deciden a favor de las acusaciones con una mayoría simple, García Cabeza de Vaca será entonces separado del cargo. Esto fue considerado un movimiento para “blindar” al gobernador, ya que su partido controla el Poder Legislativo local.
La Corte entonces deberá definir qué es lo constitucional en un caso que se espera sea un parteaguas para este tipo de procesos contra gobernadores en México. Expertos consultados por Infobae México han argumentado a favor de ambas opciones como las verdaderamente constitucionales: tanto que San Lázaro tenga la última palabra como que las Legislaturas locales estén involucradas también con su necesaria ratificación.
La demanda de controversia constitucional que se presentará en la Corte argumenta que el acuerdo del Congreso tamaulipeco trasgrede cuatro artículos constitucionales (41, 49, 74 y 111) “al vulnerar la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para declarar la procedencia contra servidores públicos”, de acuerdo con el documento consultado por Infobae México.
Además, también aseguran que trasgrede el principio de legalidad establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales. Por ello, le pide a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declare la invalidez de este apartado aprobado en el Congreso de Tamaulipas.
Por último, uno de los pedidos a la Corte es que, debido a la urgencia del proceso, y a unas semanas de que culmine la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, el máximo Tribunal del país substancie y resuelva de manera prioritaria el tema.
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