La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, por consenso de 434 votos a favor de la iniciativa, las reformas al Código Penal Federal, con el objetivo de establecer que el delito de violencia familiar se perseguirá de oficio.
El dictamen, que se envió al Senado para seguir con el proceso legislativo, adiciona un tercer párrafo al artículo 343 Bis al Código Penal. Argumenta que la legislación solo contempla la persecución de este delito a través de la querella, en la cual es indispensable la voluntad del ofendido para que se promueva y ejercite la acción penal.
No obstante, añade, no toma en consideración la diversidad de casos que pueden actualizarse como resultado de la comisión de dicho delito. Con esta propuesta, en San Lázaro buscan corregir la falla y se espera que en la colegisladora el dictamen avance también con amplios márgenes.
La iniciativa aprobada detalla que a la violencia física en la familia frecuentemente la acompaña la psicológica. En consecuencia, es posible aseverar que no se contemplan los casos en los cuales la violencia psicológica hace que las víctimas sean susceptibles de padecer amenazas, intimidación, temor o control, lo cual puede imposibilitarlas a ejercer acción penal contra su agresor.
Ante esta situación, agrega el documento, la persecución por oficio resulta necesaria en aquellos casos en que, por cuestiones de índole psicológica, la víctima se encuentra impedida para presentar querella contra su agresor.
Al fundamentar el dictamen, la diputada Lorena Villavicencio, de Morena, el partido de la mayoría, dijo que la violencia familiar es un grave problema social que tiene consecuencias trascendentes para las víctimas y se extiende en todo el territorio nacional.
Con esta propuesta, subrayó, se abre paso a que las autoridades competentes asuman su responsabilidad de perseguir el delito sin la necesidad de que medie la denuncia de la víctima, se castigue conforme a la ley penal y se garantice la reparación del daño.
Puntualizó que de cada 100 víctimas, 91 son mujeres y nueve hombres. De acuerdo a las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2019, se registraron más de 238,000 carpetas de investigación relacionadas con dicho delito.
Agregó que cifras de Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) muestran que de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66%, casi 31 millones, ha enfrentado violencia de cualquier tipo alguna vez en su vida. El 43.9% ha sido agredidas por su esposo o pareja, así como 42.5% de mujeres que se han unido o casado han sufrido violencia física, sexual o emocional, es decir, casi la mitad de las mujeres que deciden formar una familia.
Es evidente, añadió, que este problema afecta al conjunto de la sociedad, por lo que se requieren acciones más firmes para erradicarlo. “Queda claro que desde el Poder Legislativo tenemos mucho por hacer. El dictamen permitirá que cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho violento en el núcleo familiar, pueda denunciarla ante las autoridades competentes”, resaltó.
Por otra parte, la diputada Guadalupe Ramos, también de Morena, consideró que esta reforma es “necesaria e impostergable”. Agregó que el dictamen va de acuerdo a la nueva realidad generada por el COVID-19. En el primer cuatrimestre del año pasado se registraron 68,000 casos de violencia familiar, misma que se ha agravado por el confinamiento.
Comentó que la reforma suma a los compromisos asumidos por México en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. El diputado Rubén Cayetano presentó una propuesta de modificación al artículo 343-Bis para adicionar la palabra “obligatoriamente”, misma que fue rechazada.
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