La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este martes a través de un comunicado que impuso sanciones millonarias contra dos ex funcionarios y un funcionario actual del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por realizar presuntas acciones irregulares que impidieron el cobro de créditos fiscales a empresas e individuos.
La dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval detalló que, en el primer caso el Órgano Interno de Control (OIC) en el SAT sancionó con inhabilitación por 10 años y multa total por 56 millones 938 mil 364 pesos a un Subadministrador Local Jurídico, quien también fue destituido, y a una ex jefa de Departamento de lo Contencioso, adscritos a la ahora Administración Desconcentrada Jurídica de Zapopan, Jalisco.
El OIC determinó que ambos funcionarios “no realizaron las gestiones necesarias para emitir un crédito fiscal, lo que resultó en daño al erario al no poderse recuperar el monto millonario equivalente a la multa impuesta”.
En el tercer caso, el OIC sancionó con inhabilitación por 10 años y multa económica por 28 millones 774 mil 125.18 pesos a un ex abogado tributario adscrito a la ahora Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua.
Lo anterior, por notificar indebidamente a una empresa, lo que ocasionó que ya no se le pudiera cobrar un crédito fiscal por la cantidad señalada.
La SFP señaló que estas sanciones responden a la instrucción de Sandoval Ballesteros de atender con toda prioridad y diligencia las denuncias de probables actos de corrupción en el servicio público, quien consideró que éste “no debe ser tomado como un privilegio, sino como una de las más elevadas responsabilidades sociales, y requiere probidad, profesionalismo y eficacia en el desempeño”.
Asimismo, se destacó que “se trabaja de manera conjunta y coordinada con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para prevenir y castigar ineficiencias y posibles actos de corrupción en los que pudieran estar involucrados funcionarios públicos, con lo cual contribuimos a la correcta recaudación fiscal para el beneficio de la población”.
<b>“La justicia tarda, pero siempre llega”: SFP sobre caso Odebrecht</b>
El pasado 17 de febrero, la SFP celebró la inhabilitación realizada desde abril de 2019 en contra de la empresa Odebrecht por cobros excesivos.
Eréndira Sandoval refirió que fue el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) el órgano encargado de refrendar la validez de la sanción por el caso Odebrecht. Añadió que “esta nueva resolución da cuenta de la firme convicción con la que estamos trabajando para acabar con la impunidad, la cual durante muchos años fue tolerada y no se tocaba a las empresas corruptas”.
Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la titular de la SFP dio a conocer la noticia y destacó la decisión tomada por el TFJA de refrendar la decisión tomada por la institución federal de inhabilitar a Odebrecht desde el año 2019.
“Ojo: la justicia tarda pero siempre llega. Hoy el Tribunal Federal de Justicia Administrativa @TFJA_Mex_Ofi refrendó la validez de nuestra sanción en el caso #Odebrecht. La sanción impuesta por la @SFP_mx para inhabilitar y multar a esa empresa corrupta queda firme.”, escribió.
Fue en abril de 2019 cuando la Unidad de Responsabilidades en Pemex sancionó a Odebrecht con una inhabilitación por tres años debido a su actuación con dolo al realizar cobros excesivos por más de 22 millones de pesos en el año 2014, para acondicionar la refinería “Miguel Hidalgo”, ubicada en Tula, Hidalgo.
Además, se le solicitó pagar una multa de 543 millones 488,615 pesos, junto con la compañía Construcción Internacional de México, S.A. de C.V. por no cumplir con los requerimientos legales y autorizaciones necesarias para celebrar un convenio modificatorio de contrato.
Posteriormente se emprendió un juicio de nulidad. Sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó, con mayoría de 10 votos, la validez de la resolución de la SFP contra la empresa de origen brasileña.
Finalmente, la dependencia federal reiteró su compromiso con la renovación de la relación Estado-sociedad desde el impulso que el sector privado sea un aliado en la construcción de la nueva ética pública pregonada por la administración pública federal.
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