Este viernes dio inicio la audiencia intermedia en la que Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), sería imputada formalmente de las supuestas omisiones que habrían permitido los desvíos de 5,000 millones de pesos de la Estafa Maestra.
El proceso comenzó a las 10:56 horas. Epigmenio Mendieta, abogado de la ex funcionaria, aseguró que pedirían a la Fiscalía General de la República (FGR) una explicación sobre por qué rechazó concederle el criterio de oportunidad y el procedimiento abreviado a su clienta.
Aunque hoy se esperaba sentenciar a Robles a al menos 21 años de prisión por el delito de ejercicio indebido del servicio público y el pago de una multa por 5,073 millones de pesos, la ex titular se negó a la reparación del daño ocasionado por el presunto desvío de recursos.
Ante esto, la FGR determinó que no existían las condiciones para realizar un proceso abreviado, por lo que la audiencia intermedia se mantiene hasta el próximo 26 de marzo.
Hasta ahora son 300 las pruebas acusatorias contra Rosario Robles; de estas 231 son documentos — contratos, convenios y auditorías—; 56 testimonios de dependencias federales; cuatro testigos colaboradores; 13 presentaciones de Power Point con datos relacionados a la Estafa Maestra.
La semana pasada, la FGR negó a Rosario Robles la posibilidad de negociar un procedimiento abreviado para reducir su condena, así como acogerse a un criterio de oportunidad que le ayude a no ser acusada por otros delitos a cambio de ayudar en la investigación de la “Estafa Maestra”.
La Fiscalía informó al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, Ganther Villar Ceballos, que no se cumplieron con los requisitos para procesar la negociación, debido a que Robles ofreció declararse culpable por el delito de ejercicio indebido del servicio público con una pena de tres años y sin reparación del daño.
Según las acusaciones de la FGR, durante la administración del último presidente priista, Robles habría incurrido en omisiones que permitieron el desvío de cinco mil millones de pesos del erario. De acuerdo con el Código Penal Federal, el delito que se le imputa es cometido por “el funcionario que teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal”.
Aunque el delito por el cual se le acusa no es considerado grave ni amerita prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público Federal la solicitó en agosto de 2019. En caso de obtener su libertad, la FGR podrá cumplimentar una orden de aprehensión en contra Robles por delincuencia organizada. En este caso, la libertad no es un derecho que se alcance mediante fianza.
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