
En un pequeño muro blanco, Flora Marcelo escribió con su propia sangre: “Justicia x desaparecidos”. La mujer de 36 años clama por el esclarecimiento del feminicidio de su hija Ayelin en México, donde la violencia ligada al crimen organizado ha dejado miles de muertos y desaparecidos en los últimos años.
Madre de otras dos niñas, la mujer se plantó frente a la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la capital mexicana para “desangrarse”, junto con otras cuatro mujeres, y llamar así la atención de las autoridades, tras asegurar que lleva más de un mes en la ciudad buscando ayuda.
Con una vía puesta en un brazo, de donde le goteaba lentamente la sangre hasta el suelo, Marcelo contó que su hija de 13 años desapareció a mediados de octubre tras salir de casa. Nunca regresó y así pasó a engrosar la escalofriante estadística de nueve feminicidios diarios en el país.
“Encontramos partes de un cuerpo el día 19 (de octubre). Entonces, yo creí que era ella por la ropa, porque la ropa estaba junto al cuerpo, el cuerpo nada más eran unas partes, no estaba completo”, confesó Marcelo.

La mujer aseguró que las autoridades locales trataron de inculpar a su pareja y que ahora ella es perseguida en su pueblo del estado sureño Guerrero, uno de los más violentos del país. México registró casi 29,000 homicidios dolosos el año pasado, una fracción menos que en 2019.}
Marcelo encontró contradictoria la versión de la fiscalía sobre los restos de su hija, pues la ropa que le entregaron de su hija no tenía sangre ni daños cuando su cuerpo estaba hecho pedazos.
Total desamparo
Marcelo, quien con decenas de otras mujeres acampa desde hace semanas a las afueras de la Secretaría de Gobernación en Ciudad de México, dijo que la medida de desangrarse es “desesperada”.
“No nos hacen caso y yo quiero pedir justicia por mi hija”, sostuvo a la periodista Ana Isabel Martínez antes de señalar directamente a la fiscalía estatal y al crimen organizado de tratar de silenciarla.

De inmediato no fue posible obtener un comentario de la fiscalía que dijo en octubre de 2020 que ya había cuatro personas “vinculadas a proceso” por el feminicidio de la menor.
A pocos metros de Marcelo, otra mujer esperaba su turno para colocarse la vía en una vena del brazo.
Laura Kabata tiene 12 años buscando justicia para su hijo, quien, según narró, fue detenido injustamente y torturado por efectivos de la Marina en 2009, cuando tenía 17 años, en la violenta Ciudad Juárez, en el norteño estado Chihuahua.
“Ya estamos cansadas de tantas mentiras, ya estamos cansadas de burlas. ¿No ven el sufrimiento que tenemos?”, se preguntó.
“(Mi hijo) estuvo secuestrado, fue torturado, violentado, violado en todas sus definiciones (...) Mi hijo vive porque dios es grande, pero su deseo mayor es morir”, confesó la mujer de 51 años, quien llegó a la capital hace un mes para exigir justicia.

Kabata narró que el menor fue detenido en el marco de un operativo de seguridad y que trataron de culparlo del secuestro de una autoridad local. Ahora, ella quiere una reparación del caso y cerrarlo para poder empezar una nueva vida.
De inmediato no fue posible tener un comentario de la Secretaría de Marina sobre las acusaciones, pero en México se han admitido casos de ajusticiamientos y violaciones de derechos humanos cometidos por fuerzas policiales y militares.
“Estamos en un total desamparo aquí en México”, sentenció la mujer quien afirmó que en 2006 desapareció uno de sus hermanos. Autoridades calculan que desde ese año, cuando fue declarada una guerra contra el narcotráfico, unas 80,000 personas han desaparecido en el país hasta la fecha.
*Con información de Reuters
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