Jueza detuvo la orden de aprehensión contra ex funcionario de Miguel Ángel Mancera

Funcionarios de la Agencia de Gestión Urbana son buscados por el presunto delito de daño patrimonial por más de 29 millones 454 mil pesos

Jueza detuvo la orden de aprehensión contra ex funcionario de Mancera (Foto: Steve Allen)
Jueza detuvo la orden de aprehensión contra ex funcionario de Mancera (Foto: Steve Allen)

Enrique Filloy Ramos, quien fuera director de Infraestructura Vial en la Agencia de Gestión Urbana de la CDMX, obtuvo la suspensión provisional de su detención por presuntos delitos ligados al daño patrimonial.

Una jueza de amparo otorgó la suspensión provisional de la detención de Ramos por daño patrimonial a la hacienda pública, de acuerdo con los datos publicados por el diario Milenio.

El medio informó que la suspensión en contra de la detención del funcionario en la gestión de Miguel Mancera fue dictada por la titular del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal.

Sin embargo, el ex colaborador del gobierno de la Ciudad de México deberá pagar la cantidad de 2,000 pesos como garantía, para lo cual tendrá cinco días a partir de que se le notifique, aseguró la periodista Verónica Díaz.

Otro de los acuerdos, reveló, fue que no podrá incumplir con los llamados a comparecer ante un juez las veces que sea considerado y en continuación con su procedimiento. En caso de faltar a este punto, la suspensión será cancelada inmediatamente.

Además, dio a conoce que por ahora, Filloy Ramos quedará a disposición del Juzgado Quinto y a disposición del juez para que decida alrededor de su procedimiento.

De acuerdo con el diario mexicano, Jaime Slomnianski y sus colaboradores en la Agencia de Gestión Urbana, entre ellos Filloy Ramos, son buscados por un delito de daño patrimonial por más de 29 millones 454 mil pesos a la hacienda pública.

(Foto: Graciela López/ Cuartoscuro)
(Foto: Graciela López/ Cuartoscuro)

No es el único funcionario de la gestión de Mancera en la Ciudad de México que es investigado por las autoridades mexicanas por diversos delitos como corrupción, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, entre otros.

De acuerdo con las investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, existió una red de lavado de dinero en la Secretaría de Finanzas (Sefin) que operó a espaldas del gobierno del perredista.

El medio informó que a través de la Sefin, se otorgaron contratos a 4 empresas para que desempeñaran funciones que en años anteriores se hacían por cuenta propia.

Éstas, junto a otras ocho se encargaron a partir de su subcontratación de realizar la solicitud de devoluciones sobre el pago de impuesto sobre la renta (ISR) retenido a los trabajadores de la CDMX, informaron los periodistas Íñigo Arredondo y Valeria Durán.

En conjunto, las 12 hicieron movimientos de más de 1,500 millones de pesos mexicanos entre ellas. Incluso registraron transferencias en dólares y depósitos en cuentas bancarias, una de ellas en Ginebra, Suiza.

 Miguel Ángel “N”, ex subsecretario de Administración y Desarrollo Humano del gobierno de la CDMX y a Hedilberto “N”, director general de Administración  (Foto: FGJ)
Miguel Ángel “N”, ex subsecretario de Administración y Desarrollo Humano del gobierno de la CDMX y a Hedilberto “N”, director general de Administración (Foto: FGJ)

En este contexto, Miguel Ángel “N”, ex subsecretario de Administración y Desarrollo Humano del gobierno de la CDMX y a Hedilberto “N”, director general de Administración fueron vinculados a proceso por su presunta participación en delitos cometidos en agravio a la Secretaría de Finanzas capitalina.

Además, se vinculó a proceso a Francisco Alejandro “N”, ex funcionario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) por presuntamente autorizar una obra irregular en 2017.

De acuerdo con la indagatoria, presuntamente permitió “la construcción de nueve niveles de estacionamiento sobre nivel banqueta” adicionales a los 21 habitacionales autorizados.

Por último, Raymundo Collins tiene una orden de aprehensión vigente, por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades en su calidad de titular del Instituto de Vivienda, y también se le investiga por irregularidades durante su gestión en el Instituto.

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