El amparo del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, podría ser la luz al final del túnel de Mario René Rodríguez Zavala, alias el “Pelón”, identificado como jefe de plaza de Los Zetas, en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz.
El próximo 13 de enero, el ministro propondrá a sus homólogos de la primera sala conceder la protección de la justicia al “Pelón” quien, según la entonces Procuraduría General de la República (PGR), se encargaba de recibir a los migrantes “levantados” por policías municipales y por quienes pedían un rescate de USD 600 para ser liberados.
El proyecto del ministro tiene como justificación presuntas violaciones al debido proceso en la sentencia de Rodríguez Zavala, un hombre de origen hondureño que recibió 36 años de prisión.
De acuerdo con el ministro, el “Pollo” no tuvo asistencia consular durante su proceso de condena.
Según el testimonio de Mario René Rodríguez Zavala, llegó a México en 2007 a trabajar como albañil. Sin embargo, fue capturado por un integrante de los Zetas, que lo obligó a unirse a sus filas.
“Fue en enero de 2010, mi trabajo consistía en cuidar gente centroamericana que se encontraba en el monte porque tenían que pagar un piso cuando iban con “polleros” (persona que transporta ilegalmente trabajadores indocumentados a otro país), para que no perdieran su dinero yo los ayudaban para que llegaran a la frontera, porque son mis paisanos. No es cierto que las mujeres tuvieran que pagar con trabajo por el piso, y no es verdad que yo las haya violado, tenía prohibido hacerlo”, señaló en su declaración.
Se presume, el “Pollo” recibía una paga de 2,500 pesos quincenales. El hondureño fue capturado en 2010 por elementos del Ejército cuando se encontraba bañándose en un río a cien metros de distancia de donde estaban los “pollos”.
En su testimonio, el “Pollo” alegó que no tuvo asistencia consular inmediata y eso lo tomó en cuenta el Tribunal Colegiado que confirmó la sentencia dictada en su contra. Por esta razón, sería procedente revocar la sentencia del presunto líder criminal y conceder el amparo de protección de la justicia.
El cártel de la última letra tiene un largo historial con lo migrantes. El 24 de agosto de 2010, en un rancho en San Fernando, en el estado de Tamaulipas, fueron asesinados 72 migrantes centroamericanos.
Luis Fredy Lala Pomadilla, de origen ecuatoriano, y quien formaba parte del grupo de indocumentados, contó que delincuentes que se identificaron como Los Zetas trataron de extorsionarlos, pero al negarse los acribillaron.
A él lo dieron por muerto, por lo que pudo huir del rancho donde habían sometido al grupo que ingresó a México por el sureño estado de Chiapas.
Lo que contó Fredy no era nada nuevo. Tan sólo de septiembre de 2008 a febrero de 2009, los criminales del sanguinario grupo criminal secuestraron a 9,578 migrantes; sin embargo, una cifra extraoficial reveló que pudieron ser cerca de 20,000.
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