Luego de una persistente discusión en torno a la compra de la vacuna contra COVID-19, los gobernadores que integran la Alianza Federalista (AF) desistieron de adquirirla por su cuenta, pues señalaron que inmunizar a la población “es un deber público que no se debe subordinar jamás a intereses políticos o de coyuntura”.
En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, los mandatarios externaron su desacuerdo con la decisión de “centralizar la compra y distribución de la vacuna”, dejando de lado a la población que en una situación tan crítica la necesita.
En ese sentido, externaron su disposición de elaborar una “estrategia nacional, eficaz, incluyente y cooperativa”, para proporcionar acceso a la vacuna contra COVID-19.
Así pues, como parte de las exigencias de la AL, se propone convocar a la brevedad al Consejo de Salubridad General, autoridad constitucional máxima para normar, coordinar y ejecutar las acciones pertinentes para hacer frente a la emergencia sanitaria que hoy aqueja al país.
Este organismo, explican los mandatarios estatales, tendrá como responsabilidad establecer el conograma, las fases por población objetivo de vacunación, los criterios de distribución y reparto, así como los protocolos para la conservación en frío.
Aunado a esto, deberá determinar las medidas para prevenir la especulación, captura, uso clientelar o electoral de la vacuna, al igual que las formas y modalidades de participación de los gobiernos locales y el sector privado.
Por otra parte, rechazaron que los habitantes de sus respectivas entidades tengan que esperar “más de 18 meses” para ser inmunizados, por lo que exigieron “transparencia, información y reglas claras”.
Cabe señalar que los mandatarios estatales que integran la Alianza Federalista son: Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco; Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes; Javier Corral Jurado, de Chihuahua; Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila; José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; José Rosas Aispuro, de Durango; Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato; Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán; Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León; y Francisco Javier Cabeza de Vaca, de Tamaulipas.
Aseguraron que desde el inicio de la pandemia, sus entidades han desplegado esfuerzos para mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2, y así aminorar el impacto económico y social de la contingencia sanitaria.
Aunado a esto, acusaron que, aún en condiciones económicas y presupuestales adversas, así como en plena transición al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), sus sistemas locales de salud han sabido afrontar la emergencia, dando atención información y cuidados a los ciudadanos, “incluso en sustitución de la federación”.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la aplicación de la vacuna contra COVID-19 vaya a utilizarse con fines electorales.
“Se va a aplicar de manera pareja, parejo en todo el país, sin mezquindades, no puede ser utilizado un programa de vacunación con propósitos electorales porque ni siquiera se puede hablar de propósitos políticos porque la política es un noble oficio, es tan limpia la política que ni los más sucios políticos han podido mancharla”, expresó el mandatario en la inauguración de instalaciones de la Guardia Nacional en el municipio de Moctezuma, Sonora.
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