El pasado miércoles 16 de diciembre, la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces, dio una conferencia de prensa virtual para presentar el informe general del organismo para el año 2020.
La funcionaria destacó las acciones de investigación tecnológica en materia de salud acotadas a la crisis sanitaria del COVID-19, en materia de energéticos y de recursos naturales, particularmente el agua.
Pero, la mención más destacada es la del Anteproyecto de Iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. De acuerdo con Álvarez-Buylla, “con la finalidad de continuar con su tramitación, nos dio mucho gusto que todos los miembros del Consejo General aprobaran, por unanimidad y en lo general el anteproyecto”.
Este proceso de legalización comenzó el 15 de mayo de 2019, cuando el Congreso aprobó la modificación del Artículo 3o Fracción 5a de la Constitución. El nuevo texto establece que “toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica y que el Estado apoyará la investigación y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella”.
En ese marco, la Ley de Ciencia y Tecnología vigente desde 2002 se volvió obsoleta, por lo que el presidente López Obrador encomendó a Conacyt la elaboración de un anteproyecto que él pudiera presentar ante la Cámara de Diputados. De acuerdo con los transitorios de la reforma constitucional, el proceso legislativo debió estar terminado antes del final del año 2020.
El retraso en el proceso, sumado a la opacidad del mismo, llevó a algunas organizaciones de la comunidad científica a cuestionar la pluralidad de la nueva ley.
Colectivos como la Red ProcienciaMx y la Academia Mexicana de Ciencia denunciaron que Conacyt no se había puesto en contacto con sus miembros, por lo que el documento resultante no podía ser producto de la discusión de toda la comunidad científica.
La Red ProcienciaMx incluso redactó su propia propuesta de anteproyecto para la nueva ley. Esta propuesta está basada en tres ejes.
El primero es “la gobernanza, quién y cómo se deben tomar las decisiones sobre las políticas científicas en este país”. En este aspecto, propusieron un esquema incluyente materializado en un Comité Estratégico nacional y sus réplicas estatales.
El segundo es el financiamiento, la propuesta “establece una participación obligatoria del 2% del presupuesto programable y extraordinario para temas de ciencia, tecnología e innovación en los tres niveles de gobierno”.
Finalmente, la legalidad. Esta busca que la “libertad de investigación no esté sujeta de ninguna manera a expresiones ideológicas o de cualquier otra índole que no sean el avance del conocimiento bajo un marco ético”.
En contraste, Conacyt no ha hecho pública ninguna información relacionada con el anteproyecto que aprobaron y presentaron al Ejecutivo.
La titular del organismo asegura que el proyecto “es el resultado de un ejercicio amplio y plural de consulta con la comunidad del sector. En conjunto participaron 35 mil 698 miembros de la comunidad científica de México”. Esta cifra corresponde, aproximadamente, con el número de miembros en el Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt.
Dijo que el comité redactor revisó “46 iniciativas de reformas a la ley vigente, realizó 287 foros y conversatorios en colaboración con legisladores y diputados de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Recibió 224 propuestas en la plataforma de Conacyt. Aplicó 174 cuestionarios a investigadores. Hizo un estudio comparado con 12 leyes internacionales de ciencia y tecnología e innovación”.
Los pormenores del proyecto y su discusión pública probablemente tendrán que esperar a que la Cámara de Diputados reciba el documento de manos del Ejecutivo.
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