Se sentía a salvo e impune. Movía su dinero de un país a otro, compraba propiedades, adquiría bienes y realizaba viajes a todo el mundo sin temor alguno. Un vez más se equivocó el “hombre fuerte” de Felipe Calderón.
Genaro García Luna nunca entendió que su “servilismo” ante la Secretaría de Seguridad Pública y la complicidad que tejió con la justicia estadounidense no le servirían desde el momento en que fue puesto en la mira de los servicios de inteligencia de EEUU, sino todo lo contrario, sus expedientes de “superpolicía” — como se le conocía al gran estratega de la guerra contra el narco— le abrieron un proceso penal, y lo encarcelaron para proporcionar toda la información sobre aquella etapa turbia y violenta.
El ex secretario de Seguridad Pública caído en desgracia en Estados Unidos, el 9 de diciembre de 2019, tiene la esperanza de poder negociar su repatriación a México, tal como lo hizo el ex jefe militar, Salvador Cienfuegos Zepeda, acusado en EEUU de narcotráfico y lavado de dinero.
En Estados Unidos, García Luna enfrenta cinco cargos de narcotráfico que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa. Según la acusación en su contra, el “señor de la guerra contra el narco” ayudó a la organización criminal en sus operaciones al menos desde 2001, antes incluso de ser nombrado secretario de seguridad, en sus tiempo en la extinta PGR. A cambio, recibió millones de dólares en sobornos.
En México, en cambio, la fiscalía le persigue por el delito de enriquecimiento ilícito. Según los documentos de esta institución, García Luna habría incrementado su patrimonio de manera ilegal en más de 27 millones de pesos.
Las pruebas
Para Estados Unidos no hay acuerdos internacionales ni compromisos vigentes cuando se trata de extender su brazo justiciero trasnacional.
García Luna fue detenido hace un año en el aeropuerto de Dallas, en Texas (EEUU) cuando estaba a punto de abordar un vuelo a Miami. El llamado juicio del siglo, en el que se sentenció a Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo” a cadena perpetua, abrió la caja de pandora: el jefe de policía habría facilitado envíos de droga al país del norte.
La misma fiscalía que sentó al “Chapo” en el banquillo de los acusados reunió 955,000 páginas de pruebas como grabaciones de llamadas interceptadas supuestamente con cabecillas del Cártel de Sinaloa que inculparían a García Luna de narcotráfico. Además, las evidencias también mostraban el historial financiero del acusado.
“García Luna es acusado de tomar millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa del “Chapo” Guzmán mientras controlaba la Policía Federal mexicana y era responsable de asegurar la seguridad pública de México”, dijo tras del súper policía, el fiscal Donoghue, el 10 de diciembre de 2019.
El 3 de enero de 202O, García Luna se declaró inocente en su primera comparecencia ante la corte Federal de Nueva York. Los expertos advirtieron que su declaración exculpatoria abriría la puerta a un inminente juicio.
Siete meses después de la aprehensión del “hombre fuerte de Calderón”, el gobierno presentó cargos contra los subalternos de García Luna: Luis Cárdenas Palomino, ex director de seguridad regional de la extinta Policía Federal; y Ramón Pequeño, director de la división Anti Drogas durante el sexenio de Felipe Calderón, ambos prófugos de la justicia.
Parte de la evidencia que la fiscalía decía tener en su poder destacó que los tres hombres hacían varios tipos de favores al Cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares entre ellos, no interferir con los envíos de drogas en México que tenían como destino Estados Unidos; brindarles información sobre las operaciones policiales en contra de la organización; arrestar a miembros de cárteles rivales y colocar a funcionarios corruptos en posiciones de poder para facilitar las operaciones del Cártel de Sinaloa.
La audiencia clave en el destino del ex secretario de Seguridad Pública llegó en el pasado mes octubre. En ella García Luna fue acusado de encabezar una empresa criminal, y se declaró no culpable de los cinco cargos que se le imputaron. Su próxima audiencia se pactó el 7 de diciembre.
Los fiscales habían estimado que el juicio duraría entre dos y tres meses; sin embargo, el proceso judicial se ha ralentizado por la pandemia de COVID en EEUU.
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