
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) llamó a reconocer el papel fundamental de las madres buscadoras y sus redes comunitarias en la localización de personas desaparecidas, tras el informe que presentó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum sobre dicha situación en México.
Esto último, luego de que la mandataria afirmó en su conferencia mañanera que más del 90% de las personas registradas como desaparecidas han sido localizadas y que en lo que va de su gobierno han sido halladas con vida más de 31 mil, quienes ya fueron retiradas del registro.
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“Es fundamental aclarar que estas no necesariamente son atribuibles a acciones del Estado. En muchas ocasiones son las familias y sus redes en la comunidad las que se activan en las primeras horas y logran localizarlas”, escribió en su cuenta de X.
La organización advirtió que el reporte oficial minimiza la crisis y la responsabilidad del Estado, al sostener que la mayoría de las desapariciones están relacionadas con ausencias voluntarias o no corresponden a desapariciones forzadas.
En su pronunciamiento en X, el Centro Prodh subrayó que “es relevante mejorar registros y hacer transparente las metodologías de revisión”.
Sin embargo, cuestionó que la premisa de que la mayoría de los casos no son desapariciones forzadas “minimiza la responsabilidad del Estado, contrario a lo que han destacado previamente organismos internacionales”.
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La organización manifestó su preocupación por la reducción de la cifra oficial a 43 mil 128 personas desaparecidas, señalando que esto “minimiza la dimensión de una crisis que tiene rostro y que no se resuelve con búsquedas administrativas en registros públicos”.
Además, advirtió sobre la falta de acciones para corregir más de 46 mil registros catalogados como “datos insuficientes”, lo que deja la búsqueda en manos de las familias y, especialmente, de las madres buscadoras.
“El Estado debe reconocer que las deficiencias del Registro no son atribuibles a las familias, sino a las autoridades, que desde su creación tienen el deber de llenar el registro con diligencia y tomar acciones inmediatas de búsqueda”, puntualizó el Centro Prodh.
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La organización también señaló que la existencia de solo 3 mil 869 carpetas de investigación abiertas refleja los obstáculos para denunciar en contextos de riesgo. Recordó que, ante una desaparición, “siempre ha existido la obligación de abrir una investigación penal”, y alertó que, sin medidas adicionales, las familias seguirán enfrentando barreras para acceder a la justicia.
El Centro Prodh recordó que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (#ComitéCED) constató una impunidad de más del 99.9% en su visita a México y que las detenciones anunciadas no son un indicador confiable mientras no se traduzcan en procesos judiciales sostenidos y sentencias.
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Para la organización, la revisión de cifras y registros sin una Política Nacional de Prevención y Erradicación integral, como ha recomendado el Comité CED, limita la posibilidad de enfrentar la magnitud de la crisis y deja la carga principal en quienes buscan a sus familiares.
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