La Alianza Federalista (AF) informó que presentará una serie de controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para combatir la “inconstitucionalidad” de la extinción de 109 fideicomisos y fondos públicos aprobada en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado de la República.
A través de un comunicado de prensa, la organización de gobernadores consideró que los daños y afectados por dicha reforma son “incalculables”.
Aunado a esto, la AF acusó que la desaparición de fideicomisos impide el desarrollo de productos públicos y privados de ciencia, justicia, cultura, deporte, sustento y salud. Asimismo, apuntó, “condena indiscriminadamente al desamparo y concentra recursos, que hasta hace unos días estaban debidamente etiquetados y auditados, a un manejo discrecional y opaco”
Incluso, los también llamados gobernadores rebeldes compararon esta reforma con lo que Maquiavelo llamó el “Arcana Imperii”, el imperio secreto.
Por otra parte, la organización indicó que parte los recursos que se pretenden concentrar en la Tesorería de la Federación son de origen nacional o internacional; otros son públicos, pero emanados los estados y municipios, “lo cual será motivo de innumerables litigios, costos e indemnizaciones”.
La forma en la que procederán las controversias se desarrollará en dos niveles de impugnación. El primero es uno abstracto, que combate la violación de principios y preceptos constitucionales; y el segundo es uno concreto, que desarrolla conceptos de invalidez por cada uno de los 109 fideicomisos extinguidos, haciendo valer las afecciones particulares contextualizadas a cada estado.
El primer objetivo de los recursos legales que interpondrá la Alianza Federalista es lograr que la SCJN ordene suspender la concentración de los 109 fideicomisos (más de 68,000 millones de pesos) en la Tesorería de la Federación hasta que se resuelva el fondo de la controversia. En segundo lugar, se espera que la Corte declare inconstitucional la reforma que desaparece dichos mecanismos financieros y la deja sin efectos.
Aunado a esto, la AF refrendó su compromiso de “defender” los fideicomisos para el beneficio de aquellas instancias públicas y privadas que serán afectadas si no se logra detener la reforma, y no sólo en favor de las entidades de los gobernadores que integran la organización.
El pasado 6 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se extinguen 109 fideicomisos para que el gobierno federal absorba sus recursos y los utilice en el combate a la epidemia por COVID-19 en México.
Así pues, de acuerdo con el documento, las entidades federativas y las dependencias tienen 30 días naturales, a partir del día siguiente de su publicación del decreto, para concentrar los 68,400 millones de pesos resultantes de los vehículos financieros en la Tesorería de la Federación.
“Las pendencias y entidades que concentren la operación de los fideicomisos, mandatos o análogos públicos serán las responsables de realizar todos los actos necesarios que permitan llevar a cabo la extinción o terminación de estos”, señala el documento oficial.
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