El lunes 11 de abril de 2011, en la calle Constituyentes del fraccionamiento Las Fuentes, al noroeste de la ciudad de Durango, policías federales y militares cercaron con dos camionetas, una tanqueta y con cinta amarilla un precario taller donde se reparaban radiadores.
Acababan de descubrir más de 280 cuerpos de personas enterrados. La fiscalía del Estado usó maquinaria pesada para la exhumación: con la retroexcavadora destrozó los cuerpos, las ropas y evidencias que los acompañaban.
Las personas enterradas en esas fosas perdieron la oportunidad de ser identificadas, devueltas a sus familiares y enterradas con dignidad porque no se usaron protocolos adecuados, por falta de voluntad política y por el trato negligente e inhumano. El Estado, supervisado por la Policía Federal, las trató como cascajo.
La mañana del jueves 14 de abril, tres días después del descubrimiento de la primera fosa en el noroeste de la ciudad, hubo otro hallazgo en un fraccionamiento de interés social, sobre la calle Hacienda del Coyote, donde se extrajeron 12 cadáveres más.
Sin embargo, la retroexcavadora desmembró la mayoría de los cuerpos en los dos primeros días y las señas particulares se perdieron por las dentelladas de las máquinas. De ninguno de los cuerpos se pudo saber, bien a bien, la causa de muerte. El gobierno del estado argumentó que no pudo identificar varios cuerpos porque el suelo contaminó la cadena genética.
Después de varios años tras varias solicitudes de información por parte de Quinto Elemento Lab, la Fiscalía de Durango, hoy se sabe algo más: que fueron 383 los cuerpos -357 de hombres y 26 de mujeres- desenterrados entre abril de 2011 y 2012, los años de profunda violencia en el estado. Y que, hasta 2019, seguían sin ser identificados 259: 186 hombres, 15 mujeres y 61 “restos óseos” que no alcanzaron la categoría de cuerpo.
La siguiente fosa clandestina, la cuarta —pero es probable que antes hubiera otras—, fue la que apareció en la colonia San Vicente, al sur de la ciudad, el 3 de mayo de 2011. En esa fosa, la retroexcavadora amarilla sacó y desmembró 53 cuerpos, entre ellos cuatro de mujeres.
La quinta y sexta fosas fueron localizadas entre el 7 y el 16 de mayo, en la popular colonia Valle del Guadiana. La del día 7 fue encontrada detrás de una refaccionaria pequeña sobre la avenida Teresa de Calcuta, esquina Jorge Rivero. De ahí se extrajeron 45 cadáveres.
La fosa del día 16 de mayo fue hallada en un predio bardeado de la calle Valentín Trujillo, con los cuerpos de siete mujeres y de 40 hombres.
El 20 de mayo de 2011,un perito de la PGR dijo a Excélsior que en la exhumación no se habían aplicado los procedimientos adecuados. “Sustrajeron los cuerpos con maquinaria, como si fuera cascajo. Destrozaron cadáveres sin ningún respeto y sin protocolos”, se quejaba el perito y estimaba, en ese momento, que por ese salvajismo más de 100 cuerpos no serían identificados.
Se desconoce cuántos, de los 383 cuerpos que se encontraron en dos años, fueron sacados con retroexcavadoras. Lo que sí se sabe, gracias a Quinto Elemento Lab, es que el descubrimiento de fosas se dio en la medida de que confesaban el M14 y otros seis ex agentes ministeriales de Chihuahua que trabajaban para el Chapo, quien permitió o que ordenó esconder bajo la tierra a las personas desaparecidas de la ciudad de Durango.
En 2013, la Fiscalía sólo reconoció que habían sido 351 los cuerpos exhumados entre 2011 y 2012. Las respuestas ofrecidas en diversas solicitudes de información pública han sido contradictorias. Tanto que a la Fiscalía le falta contabilizar 31 cuerpos.
Sin embargo, 497 personas siguen sin ser localizadas en 2020, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
Estas exhumaciones quedaron grabadas entre las peores de la historia forense mexicana.
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