
A partir de ahora, los menores de edad estarán más protegidos por la ley ante los castigos violentos en todo México, debido a que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de reformas para prohibir todas las acciones que atenten en contra de la integridad física o psicológica de niños, niñas y adolescentes.
Los legisladores avalaron las modificaciones al Código Civil Federal y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con 443 votos a favor y una abstención. Con ellas se amplía el campo de protección para los menores ante cualquier tipo de violencia física, psicológica, así como agresiones verbales, amenazas, intimidación, denigración, culpa, humillación o manipulación.
De acuerdo con el dictamen de la propuesta, el castigo corporal es una práctica que se ha realizado durante generaciones para educar o corregir a los niños y adolescentes; “sin embargo, estas acciones han creado temores, inseguridades e incluso hasta adicciones y puede alterar el desarrollo fisiológico del cerebro y repercutir así en su crecimiento físico, cognitivo y social”:
Respecto a esto, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), María de los Ángeles Gutiérrez, quien fue la autora de la iniciativa, llamó a los demás legisladores a no ser indiferentes ante este tipo de violencia física hacia los menores del país, además de que las medidas de disciplina deben ser abordadas desde una perspectiva de política pública.

Incluso resaltó que el derecho a una vida libre de violencia es reconocido por la Convención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, por lo que el Estado tiene la obligación de protegerlos ante las acciones perjudiciales de padres, madres o cualquier otra persona.
Cabe recordar que a mediados de septiembre, la Cámara de Senadores también aprobó de manera unánime estas reformas a las regulaciones mencionadas, en donde se especifica que se castigará a quienes ejerzan violencia de manera correctiva también en instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social, de cuidado o penales.
Según el dictamen del Senado mexicano, se entiende por castigo humillante cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador o que menosprecia una niña, niño y adolescente, así como cualquier acto que tenga como objetivo provocar dolor, molestia o humillación.
Además, puede incluir actos “donde se amenaza, se asusta, se ridiculiza o se convierte en chivo expiatorio al niño, niña o adolescente”. Además, por castigo corporal o físico se entiende aquel que utilice la fuerza física.

“El castigo corporal o físico puede incluir, pero no está limitado a: golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas, obligar a sostener posturas incómodas, quemaduras y la ingesta de alimentos hirviendo u otros productos, o cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve”, detallaron.
Al mostrar su apoyo a la iniciativa, la senadora panista, Xóchitl Gálvez, puntualizó que es inhumano el hecho de “reprender a los hijos, de golpearlos hasta el cansancio para sacar esa brutal frustración que pueden llegar a sentir nuestros padres por la pobreza, por la falta de oportunidades y por una serie de cosas”.
También se sumaron las omisiones graves que ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma, las cuales puedan atentar contra su integridad física, psíquica y emocional “independientemente de que pueda producir o no lesiones, siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en el mismo domicilio, exista una relación de parentesco, matrimonio o concubinato”.
Si bien este ha sido un problema que los jóvenes en México han sufrido a lo largo de generaciones, es un hecho que la pandemia de COVID-19 provocó que se le pusiera más atención, pues el confinamiento fue un elemento que puso de relieve la violencia que sufren varios sectores de la población al interior de sus hogares, como los niños o las mujeres.
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