El pasado 27 de octubre, durante su conferencia matutina diaria, Andres Manuel López Obrador, presidente de México, anunció que presentaría una propuesta para eliminar la figura del outsourcing, debido a que afectan al trabajador, a la Hacienda Pública y al desarrollo del país.
De acuerdo con el artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, la subcontratación es definida como “aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas”.
Ante esta no tan sorpresiva declaración del jefe del Poder Ejecutivo, Fernanda Menéndez Álvarez, abogada laboral, declaró en entrevista para Infobae que el presidente busca eliminar a los “malos outsourcings”, aquellos que no cumplen con los puntos estipulados por la Ley Federal del Trabajo.
Estas empresas que evaden la ley presentan varias desventajas para quienes están contratados bajo sus términos. Por ejemplo, las prestaciones que otorgan son inferiores a las que se les dan a empleados contratados por la empresa de origen, pero ambas personas realizan las mismas actividades.
Otra desventaja que existe con este régimen de contratación es la manera en la que los trabajadores cotizan ante el Seguro Social. De acuerdo con la especialista, muchos patrones inscriben a sus trabajadores, subcontratados, con un ingreso menor a su salario, por lo que el ahorro en el Afore no será suficiente para tener una pensión óptima para cuando logren jubilarse.
Para que estos fraudes no sucedan, quien esté encargado de contratar empresas outsourcing debe cerciorarse de que no sean ilegales. Uno de los pasos a seguir para saber que no hay estafas es que los trabajadores deben ser dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), instancia que entrega un documento, el cual se tiene que presentar ante la empresa en la que se trabajará.
Si el trabajador se da cuenta de que sus derechos laborales están siendo afectados por ambas empresas, lo ideal sería comenzar un proceso legal en su contra. Algunas de las faltas más comunes son la ausencia de pago o la negativa de tener seguro social.
Sin embargo, las demandas presentan muchas trabas legales debido a que son dos dependencias distintas las que enfrentan el proceso y no se sabría a cuál solicitarle la responsabilidad de absorber dichos deberes.
A pesar de que los “malos outsourcings” continúan existiendo, Fernanda Menéndez asegura que cada vez hay menos debido a la Reforma Laboral de 2019, la cual modificó el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo e integró el Nuevo Modelo de Inspección Laboral.
Probablemente nunca deje de existir esta manera de subcontratación. Para Menéndez, se ve casi imposible un panorama donde se apoye la propuesta del presidente de México, pues esta manera de subcontratación es un buen negocio para los patrones, además de que satisfacen una necesidad real de otorgar trabajos.
De acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, las empresas outsourcing presentan una evasión fiscal de aproximadamente 21 millones de pesos, y esto lo logran al tener gastos que son deducibles para cumplir con sus obligaciones patronales.
Revivir esta discusión que lleva años dentro de la vida pública del país responde a varios puntos que benefician al presidente. La opinión de la especialista se inclina más a un tema político y sindical, pues cabe recordar que Pedro Haces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y senador suplente por Morena, habría pedido castigar el outsourcing desde 2019, pues le parecía una práctica que afecta a los trabajadores.
Además, los miembros de la CATEM, durante su 10 Congreso Nacional, ofrecieron su lealtad al proyecto de AMLO “sin miedos ni titubeos”, por lo que serían los aliados de esta propuesta presidencial.
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