“Esto es apenas el prólogo”: AMLO advirtió que se revelarán oscuras irregularidades en los fideicomisos

Este miércoles, en la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador adelantó algunos de los avances en la investigación fiscal de los fideicomisos públicos que el Legislativo decidió desaparecer.

El presidente hizo referencia al informe que la Auditoría Superior de la Federación publicó en la materia desde febrero de 2020. Jorge Nuño Lara, titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, describió las conclusiones generales que obtuvo el informe de cumplimiento financiero sobre las operaciones de 191 fideicomisos en 2018.

Las irregularidades que encontró el estudio en algunos de los fideicomisos auditados contemplan la falta de estudios de mercado en la adjudicación directa de los contratos de obra y servicios, la falta de informes de resultados por parte de proveedores, la ausencia de actividades de seguimiento a la ejecución de los trabajos, deficiencia en la elaboración de términos detallados para los trabajos y la mala planeación y programación de actividades.

Tras el panorama general, comenzaron los ejemplos de algunas actividades fiscales irregulares o excesivas. La primera en exponer fue María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La funcionaria habló sobre los 91 fondos administrados por su dependencia. En total, los recursos destinados para estos fondos suman, al menos, 65 mil 335 millones de pesos. Reconoció que esa suma no contempla el dinero de los 26 fideicomisos de Centros Públicos de Investigación, que producen fondos de forma autónoma.

De acuerdo con sus observaciones, 44 % de los recursos etiquetados para investigación científica y tecnológica fueron transferidos al sector privado. A través de los fideicomisos, Conacyt transfirió 15 mil 483 millones de pesos y, por medio del Programa de Estímulos a la Innovación, pagó 26 mil 140 millones a empresas. Álvarez-Buylla explicó que “cuesta trabajo justificar este recurso público en términos científicos reales”.

Señaló la distribución desproporcionada de dinero en varios ámbitos. En cuanto a beneficiarios, el estudio observó que, entre 2000 y 2018, el 1 % de los sujetos de apoyo recibió 40 % de los recursos. Geográficamente, entre 2013 y 2018, 55 % de los apoyos mixtos entre entidades federación fueron a sólo 10 estados.

Álvarez-Buylla Roces destacó el caso del Instituto Mexicano del Petróleo que, en 35 proyectos entre 2009 y 2020, recibió 9 mil 493 millones de pesos de los Fondos Secretaría de Energía-Conacyt para investigación en hidrocarburos y sustentabilidad.

Ejemplificó algunos casos de inversión deficiente u opaca, sobre todo en construcción de infraestructura. Álvarez-Buylla anunció que el informe de próxima publicación dará detalles de cada una de las irregularidades encontradas, sin embargo, sí presentó un par de ejemplos sobre manejos opacos.

El siguiente en exponer fue José Antonio Álvarez Lima, director general de Canal 11. Mencionó el caso del Programa para bebederos escolares, del Fondo de escuelas de excelencia para combatir el rezago educativo, que invirtió 2 mil 31 millones de pesos en la instalación de 20 mil 543 bebederos, 10 mil 500 menos de los presupuestados. De estos, 9 mil 600 quedaron inservibles.

También dio el caso del Fideicomiso para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. En este caso, el Gobierno Federal aportó mil 877 millones de pesos, correspondientes al 96 % del total, mientras que Veracruz aportó 80 millones, es decir, el 4 % de los casi 2 mil millones totales.

De acuerdo con el análisis de Álvarez Lima, 868 millones de pesos fueron extraviados sin documentación para identificarlos y, al final, la mayor parte de las obras de infraestructura quedaron inconclusas o desocupadas.

Finalmente, Rodolfo González Valderrama, director general de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, expuso el caso de Juntos Podemos, una organización privada norteamericana que recibió cerca de mil 500 millones de pesos provenientes del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), fideicomiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La organización está compuesta por un grupo de asociaciones de connacionales en Estados Unidos, encabezadas por la Asociación de Empresarios Mexicanos en EU. Juntos Podemos recibía recursos del IME por medio de memorándums de entendimiento y fiscalizaba su ejercicio mediante informes de actividades. En 2017 la ASF determinó que estos documentos eran insuficientes para asegurar un ejercicio transparente y advirtió sobre la posibilidad de su uso en perjuicio de la banca pública.

Sin embargo, recalcó González Valderrama, la auditoría mexicana no tiene poder sobre fundaciones extranjeras, por lo que el estudio concluyó con la recomendación de una auditoría forense y la suspensión de donaciones a entidades extranjeras.

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