Cuáles son los delitos por los que podrían ser juzgados cinco ex presidentes

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró constitucional la propuesta de consulta popular para determinar si se investiga y lleva a juicio a cinco ex presidentes, se espera la resolución que emitan, respectivamente, el Senado y la Cámara de Diputados para que el Instituto Nacional Electoral realice los preparativos del ejercicio democrático con miras a 2021.

La consulta fue validada, pero con una transformación. La SCJN modificó la pregunta propuesta por Andrés Manuel López Obrador y eliminó los nombres de los ex presidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada, Ernesto Zedillo Ponce de León y Carlos Salinas de Gortari.

A mediados de septiembre, el presidente hizo llegar al Senado su propuesta de consulta popular y en ella expresó los motivos por los que deben ser enjuiciados los cinco últimos ex presidentes mexicanos, quienes ejercieron el poder entre 1988 y 2018, periodo de desarrollo del neoliberalismo en el país.

En el caso del ex presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) destaca la privatización de bancos nacionales como Bancomer, Banamex, Serfin, y de empresas estatales como Telmex, negocio en torno al cual crecieron poderosos empresarios como Carlos Slim. La “Partida Secreta” mediante la que por años se desviaron recursos públicos para pagar sobornos y favores es otro de los delitos que figuran en la lista.

Además, Salinas firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y fue durante su sexenio que este entró en vigor. Dicho acuerdo no sólo motivó el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sino que con el paso de las décadas provocó devastación en el campo y otros sectores económicos mexicanos que no pudieron competir con los grandes capitales extranjeros, produciendo pobreza y un incremento en la desigualdad económica y social.

Durante el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), el ejército mexicano perpetró diversas masacres contra comunidades indígenas; destacan los casos de Acteal, Chiapas, donde fueron asesinados 49 tzotziles, y El Charco, Guerrero, donde fueron ejecutados 11 na savi. El pasado septiembre, el Estado mexicano, en voz del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, reconoció su responsabilidad en el caso de Acteal y pidió perdón a los familiares de las víctimas.

Por otro lado, Zedillo es recordado por el endeudamiento que provocó el rescate bancario de 1998, procedimiento mediante el que el Estado compró la deuda de la banca privada para considerarla deuda pública a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Como consecuencia, los mexicanos poseen una deuda que no será cubierta sino hasta 2070, según indicó este año el presidente López Obrador.

El de Vicente Fox Quesada (2000-2006) aparentó ser un sexenio diferente, producto de una alternancia partidista en el poder, pero durante su mandato se repitieron ataques violentos contra la población, por ejemplo, contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y contra los campesinos de San Salvador Atenco, Estado de México. También es recordado por fraudes y despilfarros como los del programa educativo Enciclomedia o los negocios de los hijos de su esposa, Marta Sahagún, por contratos entre Oceanografía y Pemex.

Para el actual presidente de México es de particular interés que Fox Quesada sea juzgado por su intervención en el proceso electoral de 2006, cuando instrumentó el triunfo de Felipe Calderón e imposibilitó la llegada a la presidencia de López Obrador con la “Coalición Por el Bien de Todos”.

Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) es responsable de la estrategia de seguridad conocida como “Guerra contra el narcotráfico” que exacerbó la violencia en el país con cientos de miles de muertos y decenas de miles de desaparecidos. Contrario a lo que afirmaba en el discurso, la guerra multiplicó las zonas bajo control del crimen organizado y fortaleció sus estructuras.

Destaca también su presunta culpabilidad, por omisión o acción, frente a las múltiples advertencias de que su secretario de Seguridad Pública, Genero García Luna, estaba coludido con el Cártel de Sinaloa, situación por la que hoy es juzgado en Estados Unidos.

Finalmente, Enrique Peña Nieto, quien gobernó de 2012 a 2018, está bajo la lupa por las recientes acusaciones de Emilio Lozoya Austin, ex director general de Pemex, sobre el uso de recursos ilícitos en su campaña presidencial, presuntamente provenientes de la transnacional Odebrecht, así como por promover mediante sobornos a legisladores la aprobación de la Reforma Energética y por la compra de la planta “chatarra” de Agronitrogenados.

Fue también durante su sexenio que creció el número de homicidios, ejecuciones extrajudiciales y casos de desaparición forzada. Como ejemplo, durante su gobierno no solo fueron atacados, asesinados, torturados y desaparecidos por agentes del Estado normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, sino que las investigaciones sobre el caso fueron obstaculizadas de forma sistemática.

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