La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), después de declarar constitucional la consulta popular solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para preguntar a la ciudadanía si quiere que se enjuicie a ex presidentes del país, acordó la pregunta que se deberá realizar. Es la siguiente:
El Pleno del máximo Tribunal del país la aprobó con ocho votos a favor y tres en contra. Los ministros que votaron de forma positiva: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Margarita Ríos-Farjat y el magistrado presidente Arturo Zaldívar.
A favor, pero obligados por la mayoría: José Fernando Franco González-Salas (con reserva que dará en un voto minoritario) y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Por su parte, el ministro Alberto Pérez Dayán votó de forma afirmativa pero con reserva de la temporalidad.
En contra: votaron Javier Laynez Potisek, así como el ministro ponente Luis María Aguilar Morales, éste último argumentando que la pregunta no deriva directamente de la materia de la consulta calificada como constitucional por sus compañeros ministros más temprano.
La ministra Norma Piña también votó en contra de la pregunta, señalando que no le corresponde a la Suprema Corte, como órgano del Estado, “redefinir e intervenir en la voluntad ciudadana”. “Es frontalmente contrario a la finalidad de la democracia participativa”, aseveró.
Zaldívar, por su parte, que encabezó los votos de la mayoría que votó 6-5 en favor de declarar constitucional la materia de la consulta popular unos minutos antes, explicó que durante el receso que tomaron, los 11 ministros participaron en la confección de la nueva pregunta “para llegar al mayor consenso posible”.
“Planteamos distintas alternativas y llegamos a una pregunta con respaldo mayoritario. Agradezco a los ministros que votaron el proyecto original (que declaraba la consulta inconstitucional) y que se sumaron a este esfuerzo, además entendiendo que había una votación mayoritaria”, expresó el ministro presidente.
La pregunta original planteada por López Obrador mencionaba el nombre de cuatro ex presidentes mexicanos que gobernaron entre 1988 y 2018:
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante de después de sus respectivas gestiones?”.
Expertos consultados por Infobae México, además de mostrarse sorprendidos por la declaratoria de constitucionalidad, criticaron la pregunta consensuada en el máximo Tribunal. “¿Quién contestaría que no a esa pregunta?”, expresó el abogado José A. Priego Miranda. “Sería ilógico no votar a favor”, dijo por su parte César Gutiérrez Priego, especialista en derecho penal, militar y seguridad nacional.
Sin embargo, Gutiérrez Priego, a pesar de que consideró que la pregunta “está bien redactada”, señaló que “ya es lo de menos. “Se podría haber hecho por parte del Ejecutivo, sin necesidad de una consulta". Lo peligroso es que ahora la justicia estará sujeta a la voluntad popular”, agregó.
Por su parte, el abogado Andrés Alcántara Silva, egresado de la Universidad Iberoamericana, destacó que la pregunta es tan general, pero a la vez tan ambigua, que podría incluir las acciones de López Obrador, porque se habla de “actores políticos" en “años pasados”.
La pregunta que confirmó la Suprema Corte, como indica la ley, ya no puede ser modificada en ningún momento del proceso.
Mientras tanto, la consulta popular propuesta por López Obrador pasará al Senado, donde será discutida por el Pleno, donde tiene mayoría Morena, el partido del presidente. Apenas necesita una mayoría simple para avanzar a la Cámara de Diputados, donde también ostentan mayoría los legisladores de ese partido.
En caso de que el Congreso la apruebe, como se prevé que suceda, la consulta deberá ser organizada por el INE en 2021, pero no podrá llevarse a cabo en junio, ya que en ese mes se realizarán los comicios intermedios de 2021, donde se renovará precisamente la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas, entre miles de puestos de elección popular más. Por lo tanto, la consulta se llevaría a cabo el primer domingo de agosto, es decir el 1 de agosto.
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