La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó al poder legislativo a que aseguren los recursos económicos del Fondo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, esto ante la propuesta de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por la eliminación de 109 fideicomisos federales.
A través de un comunicado oficial, el órgano descentralizado explicó que sin las medidas necesarias, la protección y auxilio a este gremio podría quedar vulnerados ante este recorte.
“La CNDH hace un llamado urgente a los legisladores del H. Congreso de la Unión, para que aseguren los recursos económicos del Fondo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, ya que autorizar la propuesta que busca centralizar la administración de éste, sin las previsiones debidas, generaría obstáculos administrativos y burocráticos para acceder con inmediatez a los recursos para implementar medidas de protección y auxilio a las personas defensoras y periodistas que han sido víctimas de agresiones”, inició el texto.
Asimismo, la comisión que dirige Rosario Piedra explicó lo importante de este fideicomiso que reciben los comunicadores y defensores de DDHH, pues con estos recursos, estas personas pueden continuar con su quehacer particular en beneficio de la sociedad. “Por lo que no debe perderse de vista, la importancia de transparentar el ejercicio del presupuesto público, evitar la opacidad en su manejo, promover su eficiente uso e impedir su desvío de los fines para el que está destinado”.
La misiva recordó que las condiciones para ejercer el periodismo y la defensoría de derechos en México son adversas para quienes se desempeñan en esas tareas y que es del dominio público los casos de los comunicadores y luchadores sociales desaparecidos a lo largo de la república y que, muchas veces, éstos están relacionados con la corrupción, el crimen organizado y las condiciones de vulnerabilidad.
“La CNDH recuerda a las autoridades de los tres niveles de gobierno que el Estado tiene una responsabilidad reforzada en sus obligaciones de prevención y protección de las personas defensoras y periodistas, al advertir que existe el riesgo real e inminente de que se produzcan crímenes en su contra, cuando enfrentan violencia, impunidad y autocensura, aunado a la inexistencia o insuficiencia de medidas oportunas e idóneas para atender esos contextos”, abundó el exhorto.
También trajo a colación la obligación del gobierno en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) de preservar la vida y la buena calidad de la misma de sus habitantes. Así como las responsabilidades contraidas en la Convención Americana y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), donde se garantiza el derecho a la justicia y un proceso regular con presunción de inocencia. Esto para evitar amedrentaciones de tipo legal en caso de que la defensoría de los derechos humanos o la promotoría de algún trabajo periodístico contraiga consecuencias legales en agravio al periodista o luchador social.
Pues, de acuerdo a lo señalado por la CNDH, los artículos 18 y 26 de la DADDH se garantiza que “toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente” y que “se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable. Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas”.
Finalmente, la CNDH asentó su postura ante la posibilidad de este caso y aseguró que “continuará atenta a la evolución de la discusión parlamentaria en la que se espera conservar el fideicomiso público que opera el Mecanismo de Protección Federal”.
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