
Diputados del Poder Legislativo de Zacatecas presentaron una iniciativa de Ley que busca la prohibición de los rastros irregulares en el estado. La existencia de estos lugares, además del incumplimiento de las normas para el procedimiento de matanza, también implica un riesgo para la salud de los consumidores gracias a la ausencia de vigilancia y condiciones sanitarias para su operación.
Gabriela Pinedo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, así como Héctor Menchaca y Jesús Padilla, integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional, presentaron la iniciativa de Ley que busca modificar los Artículos 394 y 396 del Código Penal para el Estado de Zacatecas. El cambio busca sancionar, hasta con 4 años y multa entre mil y cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización diaria vigente, el incumplimiento de las Normas Oficiales, así como la operación de rastros clandestinos.
De acuerdo con la diputada, quien retomó investigaciones encaminadas por “Igualdad Animal”, la clandestinidad impide el control sanitario de los animales que se comercializan desde estos lugares. Agregó que “No se sabe si los animales están enfermos o su carne contaminada con clembuterol, sustancia que se concentra en las vísceras y cuyos efectos se trasladan al humano que come la carne contaminada poniendo en riesgo su salud e incluso su vida”.

Dulce Ramírez, directora de la asociación “Igualdad Animal México”, ha asegurado que “3 de cada 4 enfermedades infecciosas son de origen zoonótico”, es decir, de origen animal. También “El riesgo sanitario por el consumo de animales no solo se origina en otros continentes por consumir animales exóticos, como se cree que surgió el COVID-19 en el mercado de Wuhan, China; en México los rastros clandestinos son un peligro para la salud humana que debería prender las alarmas mundiales y es donde se cometen los peores actos de violencia contra los animales”
De acuerdo con una investigación del año 2018, las autoridades municipales identificaron más de 100 rastros clandestinos en Fresnillo, Zacatecas. Dicha situación, afirma Pinedo, se repite en otros municipios del Estado. En estos lugares muy pocas veces existen las condiciones adecuadas para realizar el proceso de matanza de animales destinados para consumo.
La Norma Oficial Mexicana establece una serie de procedimientos específicos para la inmovilización, aturdimiento y matanza, según el tipo de especie de la cual se trate. El objetivo de dichas instrucciones es que el animal tenga una muerte rápida y lo menos traumática posible.

Por su parte la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) indica que los animales de consumo deben ser tratados humanitariamente en días previos al sacrificio y “Es una obligación el sacrificar de una forma humanitaria a los animales destinados al suministro de productos comestibles y de subproductos útiles. Luego, se debe procesar la canal higiénicamente y de manera eficiente.”
Durante la lectura de la iniciativa, la diputada afirmó que “es ampliamente conocido que el estrés y brutal maltrato al que son sometidos los animales en estos sitios por la falta de recursos, de instrumentos, de conocimiento o simplemente de empatía, genera inmunodepresión en ellos, creando condiciones para otras enfermedades que luego se pueden transmitir a las personas” Ante ello, la FAO recomienda la necesidad de “que el animal no esté estresado ni lesionado durante las operaciones anteriores al sacrificio”.
Javier Calzada de la bancada del Partido Encuentro Social, Alma Dávila de Morena, Susana Rodríguez del Partido Verde Ecologista y Perla Martínez del PRI, solicitaron unirse a la iniciativa presentada este 24 de septiembre.
La regulación y clausura de los rastros clandestinos también ha sido impulsada por legisladores y la asociación “Igualdad Animal México” en los Congresos del estado de Puebla y la Ciudad de México. Jesusa Rodríguez, por su parte, llevó dicha iniciativa al Senado de la República.
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