Juchitán antes del operativo: la ASF detectó 105.3 millones de pesos pendientes por aclarar en la gestión de Miguel Sánchez Altamirano

Antes del operativo que llevó a la detención del excaldalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Miguel Sánchez Altamirano, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había documentado fallas en la comprobación del gasto de En las cuentas públicas municipales de 2022, 2023 y 2024, el órgano fiscalizador acumuló observaciones por alrededor de 105.3 millones de pesos pendientes por aclarar durante la primera gestión del exalcalde.

Los informes detallan problemas concretos: pagos de personal de seguridad pública sin documentación suficiente, cuatro contratos de arrendamiento de maquinaria cuyos trabajos no pudieron acreditarse por completo, servicios de impresión sin evidencia total de lo pagado y procedimientos de contratación en los que dos empresas estaban vinculadas por socios en común.

Las observaciones no prueban que los recursos hayan sido desviados ni que los contratos estuvieran relacionados con Los Cromos, la célula criminal con la que las autoridades vinculan al exalcalde. Sin embargo, permiten identificar las operaciones que la administración municipal no justificó ante los auditores y las investigaciones administrativas que se promovieron.

Maquinaria por 11.3 millones de pesos sin evidencia completa de los trabajos

En la auditoría de participaciones federales de 2023, la ASF revisó siete contratos municipales por un total de 16 millones 194 mil 700 pesos. Cuatro correspondían al arrendamiento de maquinaria para construcción y sumaban 11 millones 388 mil 700 pesos.

Los contratos fueron identificados con los números MJZ/R28/043/001/2023, por 4 millones 466 mil pesos; MJZ/R28/043/003/2023, por 2 millones 200 mil 500 pesos; MJZ/R28/043/004/2023, por 2 millones 317 mil 700 pesos, y MJZ/R28/043/005/2023, por 2 millones 404 mil 500 pesos.

La observación principal fue que el municipio no presentó evidencia documental suficiente de las actividades realizadas con la maquinaria ni de los lugares donde fue utilizada. La falta de esos elementos impidió comprobar por completo el uso de los recursos conforme a los servicios contratados.

Para reconstruir el destino del dinero es necesario localizar las empresas proveedoras, las facturas, los reportes de trabajo, las bitácoras de maquinaria y las ubicaciones de las obras en las que supuestamente se empleó el equipo.

La ASF determinó 14 millones 724 mil 700 pesos pendientes por aclarar en el conjunto de los siete contratos examinados, no solamente en los de maquinaria. El monto también incluyó deficiencias documentales en otros servicios y adquisiciones.

Dos empresas vinculadas participaron en tres procedimientos

La misma auditoría encontró otro problema en los procedimientos de contratación. Al revisar las actas constitutivas de las empresas participantes y de las ganadoras de tres contratos de maquinaria, los auditores detectaron que dos compañías estaban vinculadas entre sí por socios o asociados en común.

Los contratos involucrados fueron el MJZ/R28/043/003/2023, por 2 millones 200 mil 500 pesos; el MJZ/R28/043/004/2023, por 2 millones 317 mil 700 pesos, y el MJZ/R28/043/005/2023, por 2 millones 404 mil 500 pesos. En conjunto, sumaron 6 millones 922 mil 700 pesos.

La ASF consideró que la relación entre las empresas pudo representar una ventaja indebida en los procedimientos de adjudicación. Por ello promovió acciones de responsabilidad administrativa para que se investigara la actuación de los servidores públicos y la posible responsabilidad de las personas morales involucradas.

El informe público consultado no identifica por nombre a las empresas relacionadas. Esa información es necesaria para establecer si participaron en otros contratos del municipio, quiénes eran sus socios y qué funcionarios intervinieron en los procedimientos.

La relación societaria no demuestra por sí sola que existiera una empresa simulada o que se haya cometido un delito. El punto que debe esclarecerse es si la participación de ambas compañías afectó la competencia en las adjudicaciones y si las autoridades investigadoras determinaron alguna responsabilidad.

Un contrato de impresión por 750 mil pesos también quedó bajo análisis

Entre los siete expedientes examinados en 2023 figuró el contrato MJZ/R28/043/013/2023, por 750 mil pesos, para la impresión de documentos oficiales y la reproducción de materiales informativos, libros, folletos y revistas.

La ASF señaló que no se presentó evidencia de la totalidad de los servicios de impresión pagados. En otros expedientes también faltaban documentos de los proveedores, como propuestas económicas, constancias de inscripción en el padrón correspondiente y opiniones de cumplimiento fiscal.

Aunque el municipio entregó parte de la documentación durante la auditoría, algunas observaciones solo quedaron solventadas parcialmente. La falta de comprobantes completos llevó a la ASF a promover un pliego de observaciones por los 14.7 millones de pesos del conjunto de contratos revisados.

Para determinar si los materiales fueron efectivamente impresos y entregados, es necesario localizar las órdenes de impresión, los comprobantes de recepción y los pagos a los proveedores.

Recursos de seguridad pública sin comprobación suficiente

En la Cuenta Pública 2022, la ASF observó 48 millones 973 mil 502.95 pesos relacionados con el pago de personal de seguridad pública con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

Los auditores señalaron que el municipio no proporcionó documentación suficiente para verificar las erogaciones, entre ella bases de nómina, plantillas autorizadas y comprobantes fiscales digitales. Por esa razón, no pudieron acreditar que los recursos se hubieran pagado al personal correspondiente y conforme a los tabuladores aplicables.

El señalamiento involucra recursos destinados a seguridad pública, pero las auditorías consultadas no aportan evidencia que permita relacionar ese dinero con la presunta protección a Los Cromos atribuida a funcionarios municipales.

En 2024, la ASF volvió a señalar contratos sin documentación completa

La revisión de la Cuenta Pública 2024 dejó otros 41.5 millones de pesos pendientes por aclarar. Entre los hallazgos específicos, la ASF solicitó al municipio justificar 8 millones 28 mil pesos correspondientes a cuatro contratos de adquisiciones y servicios.

Uno de ellos, identificado como MJZ/R28/005/2024, correspondía a la adquisición y arrendamiento de maquinaria para construcción. Otros dos, MJZ/R28/013/2024 y MJZ/R28/027/2024, eran para servicios de contabilidad, auditoría y asesoría contable y fiscal. El cuarto, MJZ/R28/033/2024, correspondía a la adquisición de materiales, accesorios y suministros médicos de uso humano.

En esos expedientes faltaban documentos para acreditar los pagos y la recepción de bienes o servicios. Entre ellos se encontraban comprobantes de transferencias bancarias y estados de cuenta; actas de entrega-recepción de maquinaria; minutas, reportes fotográficos y evidencia de los servicios contables, así como documentos de ingreso al almacén y padrones de beneficiarios para los materiales médicos.

La ASF también reportó documentación incompleta en siete expedientes de obra pública. Estos hallazgos formaron parte de la revisión de 2024, cuyo monto total pendiente por aclarar ascendió a más de 41.5 millones de pesos.

Qué falta por aclarar tras la detención del exalcalde

Miguel Sánchez Altamirano fue detenido el 23 de septiembre de 2026. Las autoridades lo vincularon con una presunta estructura criminal investigada por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Esa causa penal es distinta de los procedimientos de fiscalización de la ASF.

Las auditorías de 2022, 2023 y 2024 no establecen que el exalcalde haya cometido personalmente las irregularidades financieras ni que los recursos observados hayan sido utilizados para financiar actividades criminales.

La revisión pendiente es concreta: identificar a los proveedores de los contratos observados, conocer qué funcionarios autorizaron las adjudicaciones, reconstruir los pagos y consultar las resoluciones más recientes de la ASF. También debe establecerse qué montos fueron aclarados después de la publicación de los informes y cuáles continúan bajo seguimiento.

Los 105.3 millones de pesos dimensionan las observaciones acumuladas en tres ejercicios fiscales, pero no representan automáticamente un desvío probado. La documentación disponible permite precisar dónde falló la comprobación del gasto; el seguimiento de las auditorías y las investigaciones administrativas determinará si esas deficiencias derivaron en responsabilidades.

El exalcalde, en El Altiplano

Miguel Sánchez Altamirano, exalcalde de Juchitán permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El 29 de septiembre fue vinculado a proceso por los presuntos delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado. El juez impuso prisión preventiva y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.