“Depravados sexuales”: diputada mexicana que promovió la “Ley Olimpia” denunció difusión de sus fotos íntimas

A través de sus redes sociales, la coordinadora de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega, dio a conocer este lunes que descubrió un chat de la plataforma Telegram, en el que se compartieron fotografías íntimas de ella, sin su consentimiento.

La legisladora expuso en el chat en el que logró ingresar hay al menos 20,000 personas involucradas en estas prácticas conocidas vulgarmente como “rolar el pack”.

“Son 20,000 personas que rolan packs, nudes y fotos sin consentimiento. En ese mismo chat hay mujeres que lograron entrar (como yo) y están viendo cómo sus fotos desnudas, se rolan entre puercos misóginos. Me enoja demasiado”.

En su cuenta oficial de Twitter, la política capitalina se dijo molesta e indignada porque esta situación la viven miles de mujeres a nivel nacional, pues este tipo de acciones dañan su integridad y vulneran su privacidad.

Cabe destacar que ella fue una de las impulsoras de la Ley Olimpia en la capital del país, ley que castiga hasta con prisión a quien difunda imágenes íntimas sin consentimiento, además de tipificar la violencia digital.

“Soy representante popular y me encuentro cruzada de brazos, sin poder detener esta asquerosidad e injusticia”.

Además, Rojo de la Vega, exigió a las autoridades de la capital atender este tipo de delitos que suelen quedar impunes.

La Ley Olimpia

Coahuila se convirtió en el noveno estado del país en aprobar las leyes de reforma conocidas como la Ley Olimpia, luego de que el Congreso local aceptara tipificar la violencia digital y el delito del ciber acoso en el mes de junio de 2019.

Esta clase de actos y violaciones a la intimidad de una persona ahora están penadas por las autoridades de por lo menos 19 estados en México gracias a la Ley Olimpia. Estas reformas legislativas fueron implementadas para sancionar delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de los medios digitales.

Las conductas que atentan contra la intimidad sexual de una persona son la grabación de audio, video o fotografías de contenido íntimo sin el consentimiento de una persona o a través del engaño, así como la exposición, distribución, difusión, exhibición, transmisión, comercialización e intercambio de imágenes de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento.

Esto quiere decir que aquellas acciones que atentan contra la integridad, dignidad y vida privada de las mujeres, causando daño psicológico, económico y sexual, podrían ser castigadas por las autoridades pertinentes, incluyendo las publicaciones que replican otros usuarios en la red tas la publicación original.

Además, se contemplan otra clase de castigos o penas. Por ejemplo, éstas aumentarán cuando el delito sea cometido por la pareja de las víctimas. En cambio, cuando es cometido por un servidor público, será destituido e inhabilitado para ocupar empleo, cargo o comisión públicos.

Las penas también crecerán hasta la mitad del máximo de la misma cuando se cometa contra una persona con discapacidad, contra menores de edad o cuando se obligue a las víctimas a participar en los hechos para que luego sean publicados o comercializados sin su consentimiento.

La Ley Olimpia significó un gran avance al incluirse como parte del sistema penal mexicano, además de potenciar la posibilidad de que se reduzca el número de menores de edad implicados en el tráfico de imágenes y en la atención pronta y expedita a denuncias realizadas por grupos feministas y la población en general.

Hasta la fecha, la ley ha avanzado con legislaciones parecidas de aplicación local, en estados como Nuevo León, Oaxaca, Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Veracruz, Puebla, Yucatán y Chiapas. En todos ellos, la visibilización y definición de la violencia digital ha significado un nuevo camino para eliminar el acoso, hostigamientos, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada o apócrifa, mensajes de odio y difusión de contenido sexual sin consentimiento.

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