Un senador de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, propuso este martes que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desaparezca para que se pueda conformar un nuevo Consejo Nacional de Derechos Humanos. Este agruparía a otros organismos autónomos como el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred).
El legislador Armando Guadiana, de Coahuila, presentó una iniciativa de reforma constitucional ante la Comisión Permanente del Congreso, que se encuentra en funciones durante este receso parlamentario, para crear dicho Consejo Nacional de Derechos Humanos, el cual tendría facultades de prevención, investigación, defensa, sanción y reparación de daños.
El morenista remarcó que el cambio es necesario. “La misma CNDH reconoce en sus informes: se destaca el poco interés de las autoridades en resolver violaciones de derechos humanos probablemente atribuido a la falta de vinculación de las recomendaciones que realiza la institución”, argumentó en la exposición de motivos, de acuerdo con el documento consultado por Infobae México.
“Por otro lado, podemos ver que la mayor parte de los expedientes son concluidos por la institución como resueltos durante el trámite orientaciones a los quejosos, lo cual implica que la Comisión propiamente no realizó mayor ejercicio para solucionar la problemática concreta de los quejosos”, añadió el senador.
En conclusión, Guadiana resaltó que la CNDH “es una institución que eroga muchos recursos públicos y resuelve poco”, situación que ha generado que en el transcurso de los años “la pérdida de confianza de la ciudadanía al acudir a la institución, dolida por alguna arbitrariedad o violación a sus derechos fundamentales.
La propuesta de Guadiana es la de crear el Consejo Nacional, que continuará siendo un órgano autónomo, donde tendrá los alcances y funciones de prevención que incluye la difusión promoción y seguimiento en coordinación con las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal, así como los gobiernos de los estados y los municipios.
“De concluir el proceso legislativo favorablemente, el Consejo asumirá y resolverá de manera efectiva la protección y defensa de los derechos humanos, que en esencia asumirá realmente el papel de un verdadero ombudperson que el país necesita”, finalizó.
Los detalles de la iniciativa
La propuesta de Guadiana contempla reformar los artículos 41, 102 y 105 de la Constitución mexicana, lo cual necesitaría del apoyo de al menos una parte de la oposición, ya que las mayorías de Morena en ambas Cámaras del Congreso no le bastarían ahora mismo.
Además, el nuevo Consejo Nacional agruparía a diferentes organismos como el Conapred, pero también otros como el Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial y el Arbitraje Médico, entre otros.
El Consejo, en caso de conseguir su creación, será integrado por siete Consejeros que durarán en su encargo diez años sin posibilidad de reelección y en su integración se privilegiará la paridad de género. Dos consejeros serán designados por el Senado, dos por la Cámara de Diputados, dos por la Suprema Corte, y uno por el presidente del país, para involucrar en el proceso a los tres poderes del estado.
La nueva institución funcionará en Pleno y en Comisiones, y contará con Visitadurías Regionales. Su Pleno designará de entre sus integrantes a quien lo presidirá, lo representará y estará a cargo de su administración. El presidente durará en su encargo cuatro años sin posibilidad de reelección y podrá ser destituido por causas graves u omisiones en sus funciones.
Sin embargo, en esta primera etapa, como lo menciona uno de los artículos transitorios de la iniciativa, la actual presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, cuya administración concluye en noviembre del 2024, será la primera líder del Consejo hasta dicha fecha. La funcionaria fue elegida el año pasado en medio de duras críticas por su cercanía con López Obrador y, de acuerdo con la oposición, su falta de independencia.
Entre los requisitos para formar parte del Consejo están: la ciudadanía mexicana; tener conocimientos y experiencia mínima de cinco años en materia de defensa, promoción o divulgación de derechos humanos; y no haber desempeñado ningún cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político.
Asimismo, el candidato o candidata no deberá haber ocupado algún cargo público dos años anterior a su elección, así como de “gozar de prestigio, buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión”.
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