El juez federal, Uriel Villegas Ortiz, asesinado el martes 16 de junio junto a su esposa, Verónica Barajas, en el estado de Colima, había renunciado desde febrero de 2019 a la protección que el Estado mexicano le brindaba.
Villegas Ortiz, quien había llevado importantes casos penales relacionados con la delincuencia organizada, y fue amenazado indirectamente en abril de 2018, se sentía fuera de riesgo. Su voluntad fue ratificada por escrito ante la Judicatura.
“Estimo que en la actualidad, dada mi readscripción desde casi tres meses al Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal, no existe dato alguno que ponga de manifiesto que me encuentro en un entorno de riesgo”, señaló Villegas a través de un oficio.
La renuncia a la custodia y un vehículo blindado ocurrió cuando dejó el Juzgado Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales de Jalisco, ya que en marzo fue nombrado Juez Noveno de Distrito en Amparo Penal, en esta misma entidad.
En el primer órgano jurisdiccional estuvo alrededor de dos años y siempre contó con el servicio de seguridad. Jalisco fue el primer circuito judicial donde le tocaría atender asuntos de crimen organizado de alto perfil.
El caso más relevante que tramitó durante ese periodo fue un proceso por delincuencia organizada contra Rubén Oseguera González, “El Menchito”, hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
En 2019 —ya sin escolta y como juez de amparo—, negó una suspensión a Ismael Zambada Imperial, “El Mayito Gordo”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, contra su traslado a Estados Unidos, cuando ya había perdido la extradición.
El juez y su esposa fueron ejecutados al norte de la ciudad de Colima, a la que llegó apenas el 1 de febrero como juzgador de Control del Centro de Justicia Penal Federal.
Los homicidas fingieron estar interesados en comprar un vehículo que supuestamente Villegas tenía a la venta. Éstos acudieron al domicilio ubicado en la calle Léon Felipe 346, esquina con Octavio Colmenares, en la colonia Real Vista Hermosa, al norte de la capital de Colima, donde vivía el juez, para pactar la compra de una camioneta Volkswagen Tiguan.
Dicha unidad, al igual que una Nissan pick up color rojo se encontraban estacionadas afuera de la residencia, que se localiza a espaldas del Tec de Monterrey en esta ciudad.
Según los testimonios, los sicarios presuntamente pidieron al juez los documentos para ir a una institución financiera y formalizar la transacción. Con este engaño, lograron que Villegas Ortiz saliera de su domicilio, donde lo asesinaron junto a su esposa.
Uno de los cadáveres quedó sobre los escalones de acceso a la puerta principal de la vivienda. Además, el vidrio de la camioneta roja quedó destruido por los impactos de arma de fuego. Las dos unidades fueron aseguradas por las autoridades investigadoras.
Se presume que el juzgador y su familia — su esposa, Verónica Barajas y sus dos hijas de tres y siete años— habían alquilado el inmueble un mes antes del crimen.
Arturo Zaldívar, presidente del Poder Judicial, ha calificado su asesinato como un crimen de Estado. “Que no haya duda que este es un crimen de Estado y que cuando lo hay, todas las instituciones mexicanas estaremos del mismo lado. Aquí no caben las diferencias, no caben las políticas, no cabe ninguna otra distracción”.
El ministro rechazó que existieran amenazas previas contra el juez, y confirmó que éste renunció a su protección particular. “En la protección de los juzgadores nunca ha habido austeridad”, señaló.
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