En medio de la gran polémica que ha generado el operativo armamentista “Rápido y Furioso”, que fue implementado entre 2006 y 2011, nombres como el de Felipe Calderón, ex presidente de México, y el ex procurador Eduardo Medina Mora han aparecido en el mapa en los últimos días. Por lo que el cancilller mexicano Marcelo Ebrard pidió al gobierno de Estados Unidos facilitar los documentos que pudieran acreditar el conocimiento de las autoridades de ese entonces sobre el tema.
La periodista mexicana, Lydia Cacho, expuso a través de su cuenta de Twitter el documento del “Plan Mérida para México y America Central: Financiamiento y Cuestiones Políticas” en el cual queda explicitado que el país tenía conocimiento del traslado ilegal de armas entre Estados Unidos y México del Congressional Research Service (2009).
En la publicación etiquetó al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): “El documento oficial de cómo, por qué y para qué @FelipeCalderon pidió dinero para traer armas que cayeron en manos del narco y asesinaron a miles de inocentes”, escribió
En el documento se lee que el gobierno estadounidense estimaba que el 90% de las armas que encontraban en escenas del crimen en México provenían de su país. Aseguran que “los cárteles pueden obtener las amas de personas legalmente acreditadas para obtenerlas o en exhibiciones de armas en estados fronterizos y las venden a contrabandistas que las cruzan por la frontera".
Ante ello, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos puso a alrededor de 100 agentes especiales y 25 investigadores de operaciones de la industria a indagar sobre el tema. En marzo de 2009, el número había aumentado a 148 agentes especiales y 59 investigadores de operaciones de la industria.
“México presentó más de 7,500 armas recuperadas para su rastreo, lo que demuestra que la mayoría se originó en Texas, Arizona y California”, informa el documento. Además, expone que la ATF contó con un fondo de 4.5 milllones para realizar operaciones en México.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) "el gobierno mexicano comenzó un programa piloto en febrero de 2009 para detectar el tráfico entrante en busca de armas, efectivo y otro contrabando, y esperaba expandir el programa en toda la frontera para el otoño de 2009 (...) Estados Unidos proporcionará equipos de inspección no intrusivos que ayudarán a los funcionarios mexicanos a prevenir el contrabando de armas y efectivo ".
En el Operativo “Rápido y Furioso” la ATF permitió que 2,500 armas fueran compradas ilegalmente y transportadas a México, donde grupos de narcotraficantes fuertemente armados combaten entre ellos y con autoridades por el control de las calles desde hace varios años.
Este episodio histórico de la relación bilateral en materia de seguridad, dejó de manifiesto la vulnerabilidad en cuanto al control de la venta y distribución de armamento y las consecuencias que esto puede conllevar para la sociedad civil tanto mexicana como estadounidense.
Lydia Cacho aseguró que muchos presidentes han intentado callar su voz, sin embargo, no lo han logrado y ella seguirá trabajando para decir la verdad.
El gobierno de México le solicitó formalmente a Estados Unidos este lunes que le proporcione toda la información que se disponga con respecto al operativo “Rápido y Furioso”.
Fue la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la que, a través de una nota diplomática dirigida a la Embajada de Estados Unidos en México, le realizó la solicitud, informó el canciller Marcelo Ebrard.
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