El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que se establece la participación de las Fuerzas Armadas permanentes en tareas de seguridad pública, ha causado controversia, pues distintas organizaciones señalan que la orden podría significar un riesgo en cuanto al respeto de los derechos humanos.
El pasado lunes 11 de mayo se presentó el Acuerdo en el cual se ordena “[…] a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del Decreto […]”, señala el documento oficial.
En respuesta a este decreto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a través de un comunicado, manifestó su preocupación al considerar que la orden no cumple con los principios de certeza jurídica suficientes para saber en qué momentos se puede permitir la actuación del personal castrense en este terreno, ni aclara si los militares están capacitados para ello.
El organismo indicó que el acuerdo es insuficiente respecto a la determinación del contenido de los términos “extraordinaria”, “fiscalizada”, “subordinada” y “complementaria”, con lo cual “se falta al principio de la certeza jurídica, pues no se tiene claridad sobre los supuestos en los cuales cabría la actuación de la Fuerza Armada”.
Sobre esto, el organismo añadió que se corre el riesgo de establecerse un esquema permanente de la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, lo que es contrario a lo establecido en la Constitución y, dentro de ella, a las obligaciones internacionales que tiene el Estado en la materia.
Detalló que dicha participación en la seguridad pública debe ser “extraordinaria, de manera que toda intervención resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario ante las circunstancias que justifican su intervención”. Además, el organismo señaló que la intervención de las fuerzas armadas debe de ser subordinada y complementaria a las labores civiles de seguridad. Y es que, a pesar de que dichos términos se mencionan en el decreto, no se establecen elementos concretos y definitorios sobre las exigencias de su actuación.
Por otra parte, la CNDH recordó que el país ha sido víctima de los abusos e impunidad de las Fuerzas Armadas por actos como desaparición forzada, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, detenciones ilegales y tortura. “Y el Acuerdo adolece de elementos concretos que garanticen el indispensable uso de la fuerza conforme al respeto y garantía de los derechos humanos”, señaló.
Luego de asegurar que es necesario que se lleve a cabo la estricta fiscalización de la participación castrense en la seguridad pública, tanto por parte del Congreso de la Unión como por la propia sociedad, incluyendo órganos civiles competentes y autónomos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció los esfuerzos realizados en los últimos dos años, sin dejar de expresar su preocupación por la adecuada y suficiente capacitación de las Fuerzas Armadas en materia de respeto de los derechos humanos.
“No basta con una declaración o una afirmación de buena fe a la obligación de dar cumplimiento al artículo 1º constitucional, sino antes bien, es indispensable tener la certeza de su capacitación en la materia para responder adecuadamente a las situaciones concretas en las que deben intervenir. Y en caso de no ser suficiente esta, la voluntad de generar mecanismos de corrección permanentes que eviten, es decir, prevengan la consumación de violaciones a derechos humanos que, en el caso específico de la seguridad pública, suelen ser muy caros”, versa el comunicado.
Para concluir con su posicionamiento al respecto, la CNDH aseguró que dará seguimiento a la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública conforme al mandato de proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.
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