El reclutamiento forzado y la desaparición de niños, niñas y adolescentes por el crimen organizado es una realidad en México. Actualmente existe una cifra de 30 mil menores que han sido cooptados por grupos delictivos, según el informe anual 2019 de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim)
Durante el año pasado, la sociedad mexicana se conmocionó por los videos virales de niños portando armas largas, con vestimenta militar o amenazando a líderes de cárteles de la droga. Casos mediáticos han ilustrado la crisis de seguridad que enfrenta el país poniendo la lupa en el problema del reclutamiento de niños a manos del crimen organizado.
Ejemplo de esto, señala la organización, puede ser la presunta ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo de “Juanito Pistolas”, uno de los 11 integrantes de la “Tropa del Infierno” perteneciente al Cártel del Noreste, o el caso que ha documentado sobre “El Ponchis”, niño sicario de 14 años al momento de ser detenido, adiestrado desde los cinco años por el crimen organizado.
Según este organismo, los niños y adolescentes son usados como informantes de las organizaciones criminales o grupos armados, los cuales los involucran en prácticas paramilitares, procesamiento de sustancias prohibidas, homicidios, mutilaciones, desapariciones. Estos son sometidos a abusos y explotación, sufren lesiones, y muchas veces mueren como resultado del reclutamiento forzado.
En el 2006 el entonces presidente paista Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico y con esta se diversificaron las formas de violencia armada. Posteriormente, con Enrique Peña Nieto se continuó con la política de militarización del país. Durante el sexenio del priista, el número de niños y adolescentes desaparecidos se triplicó con relación a la administración de Calderón Hinojosa, ya que pasó de 1,584 casos reportados entre 2006 y 2012 a 4,394 de 2013 a julio de 2017.
El nuevo gobierno arrancó con la promesa de campaña de acabar con la estrategia de la guerra. Sin embargo, creó la Guardia Nacional aún con el rechazo de organismos internacionales de derechos humanos y colectivos de víctimas.
Según cifras de Redim, desde el año 2000 al cierre del 2019 se han registrado 21 mil niñas, niños y jóvenes víctimas de homicidio doloso y más de 7 mil casos de desaparición infantil. Esto significa que diariamente desaparecen 4 y asesinan 3.6 niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años.
Recientemente los mexicanos se volvieron a conmocionar con el caso Fátima, una niña de 7 años que fue asesinada en el sur de la Ciudad de México. El cadáver de la menor fue hallado en bolsas de basura y con señales de haber sido violada y torturada. El pasado 22 de febrero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la detención de Gladis Giovana Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera, como presuntos responsables y serán procesados por los delitos de feminicidio y secuestro agravado.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) entre enero de 2015 y julio de 2019 se registraron 3,297 feminicidios en México, de los cuales 317 han ocurrido entre la población de 0 a 17 años, lo que significa que uno de cada diez afecta a niñas y adolescentes. La Redim señala un aumento de 13.5% en el delito de feminicidio en contra de niñas y adolescentes en los primeros siete mese de 2019, cuando ocurrieron 59, respecto al año anterior cuando se registraron 49.
José Manuel Valenzuela, de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), acuñó el término “juvenicidio” que se refiere al asesinato sistemático de la población joven. El investigador señaló que la precarización del sector juvenil es multifactorial y que la cooptación de esta población por el crimen organizado, es la consecuencia de la obstrucción de los canales de movilidad a los que se enfrentan los niños y jóvenes en el país.
Para Valenzuela Arce, la mezcla de estos factores hace que la población joven desconfíe de las instituciones gubernamentales, y explica lo siguiente:
En 2011 y 2015, el Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), recomendó al Estado Mexicano hacer una revisión a la política de seguridad por el impacto negativo a niños, niñas y jóvenes. También sugirió reconocer el reclutamiento forzado que realizan grupos criminales a ese sector de la población.
El próximo 6 de marzo funcionarios públicos y organizaciones sociales acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para analizar el tema de la desaparición forzada de menores en México, así como el reclutamiento forzado a manos de grupos criminales.
La CIDH ha alertado sobre este problema desde el 2017, indicando que alrededor de 30 mil jóvenes cometían extorsión, piratería, tráfico de personas, armas y droga para grupos delictivos.
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