Unas 171 compañías que fueron creadas entre noviembre del 2018 y diciembre del 2019 recibieron durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador 366,000 millones de pesos provenientes de 92 dependencias federales.
Durante el primer año del sexenio surgieron empresas que antes no existían, y que fueron creadas a la par que arrancaba la Administración federal. Fueron favorecidas rápidamente con contratos otorgados por casi un centenar de dependencias públicas.
Una investigación desarrollada por Quinto Elemento Lab, citada a su vez por la revista Proceso, encontró 171 compañías que fueron creadas entre noviembre de 2018 y diciembre de 2019, y que además recibieron en el primer año de gobierno transferencias económicas por un monto global de 366 millones de pesos.
En total, estas compañías captaron 561 contratos gubernamentales durante el primer año de gobierno, y siete de cada diez fueron adjudicados directamente por las dependencias, es decir, sin que mediara una convocatoria pública, de acuerdo con una revisión en la base de datos de Compranet.
Por ejemplo, Laguna Cleaning, del sector de limpieza, demoró 11 días en obtener dos adjudicaciones directas de la Secretaría del Trabajo con un valor de 85,000 pesos.
Otro caso es MSA Médica, comercializadora del sector clínico, tardó 21 días en recibir su primera adjudicación directa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y pronto sumó cinco contratos por 1.2 millones de pesos.
Grupo Abasto Médico MA, creada la misma semana en la que López Obrador llegó al poder, ha obtenido 97 contratos, uno de ellos con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el resto del IMSS con un valor de 7.8 millones de pesos.
Comercializadora e Insumos para el Calzado Tadi recibió 25.3 millones de pesos también del seguro social.
Quinto Elemento Lab detectó la fecha de creación de estas compañías al examinar en Compranet las claves alfanuméricas del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de los nuevos proveedores gubernamentales, y desentrañó quiénes son los socios y empresarios que fundaron estas sociedades al revisar más de un centenar de documentos patrimoniales en registros públicos de México, Estados Unidos y Panamá.
Del total de contratos otorgados a estas empresas que nacieron poco antes de la llegada del nuevo gobierno y durante todo el primer año de la Administración, 398 (71%) fueron asignados por adjudicación directa; 92 (16%) bajo el sistema de invitación a tres personas, y sólo 71 (13%) de ellos fue concursado bajo un proceso de licitación pública.
Antes de que llegara a Palacio Nacional, López Obrador solía criticar la asignación de contratos gubernamentales sin concurso, pero en abril de 2019 el presidente justificó el método de las adjudicaciones directas en su gestión pues tenía el objetivo de “combatir la corrupción”.
El presidente acusó que gobiernos anteriores simulaban procesos de licitación que en realidad favorecían a empresas extranjeras.
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