La polémica e incertidumbre en torno a la operación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) ha provocado que se presenten 22 amparos, cuatro de los cuales ya fueron ganados en los estados de Coahuila, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas.
De acuerdo con Milenio, padres de familia que viven en esas entidades, en colaboración con la abogada Andrea Rocha y el senador por Nuevo León de Movimiento Ciudadano Samuel García, interpusieron varios amparos ante el Poder Judicial de la Federación, para que se mantenga el Seguro Popular con sus lineamientos de gratuidad en atención, cirugías y medicamentos.
El legislador neoleonés detalló que la campaña de amparos, en la que se han inscrito 22 menores y adultos afectados, se inició en Nuevo León y se está extendiendo a Puebla, y comenzará a promoverse afuera de los hospitales e institutos de alta especialización donde se otorgan algunos de los tratamientos.
“En lo inmediato queremos que se atienda a las personas, ya luego se promoverán acciones para la posible derogación de la creación del Instituto de Salud para el Bienestar”, dijo el legislador.
Por su parte, Andrea Rocha explicó que se han tramitado más de 30 amparos por parte de los padres de familia afectados debido a la desaparición del seguro, que fue sustituido por el Insabi.
Aseguró que el nuevo esquema está propiciando retrasos en la continuidad del servicio de oncología infantil, ya que existe incertidumbre sobre cómo estos hospitales certificados y de alta especialidad recibirán su paga por cada paciente atendido.
“Los amparos se están pidiendo de manera urgente para que los pacientes tengan garantizadas quimioterapias, abasto de medicamentos, cirugías, trasplantes y demás tratamientos continuos que no se pueden suspender, sobre todo cuando se trata de cáncer”, precisó.
La abogada denunció desabasto de los medicamentos vincristina, metotrexato y doxorrubicina, principalmente, cuyas dosis deben darse en el tiempo indicado y sin alteración alguna.
Por su parte, el abogado Mauricio Castillo también comenzó a tramitar amparos en Nuevo León, argumentando el “derecho a la salud” de los afiliados al Seguro Popular.
“Son pacientes afectados en sus finanzas. Antes, los hospitales públicos les cubrían los tratamientos, ahora les están cobrando esos servicios porque nadie está asumiendo la responsabilidad de pagar la atención de los pacientes, como sucedía con el Seguro Popular”, comentó.
De acuerdo con Milenio, se trata de tres menores y siete adultos mayores, quienes solicitaron la protección de la justicia para que se les garantice el derecho a la salud consagrado en el artículo cuarto de la Constitución.
Desde noviembre pasado, el dirigente nacional del PRD, Ángel Ávila, presentó amparos para que infantes de Nuevo León y Tamaulipas no se quedaran sin atención cuando desapareciera el Seguro Popular.
Insabi, un retroceso enorme: Frenk Mora
Para Julio Frenk Mora, quien fuera secretario de Salud en el sexenio de Vicente Fox, con la creación del Insabi se está regresando a un modelo viejo.
“Estamos ante un retroceso enorme. México regresó a un modelo del sistema de salud de los años 70, del siglo pasado. Nos regresaron más de 40 años. Vamos hacia atrás”, dijo en entrevista con Milenio.
Destacó que desmantelar el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), que a lo largo de 15 años consolidó una reserva de 80 mil millones de pesos y haberle quitado 40 mil millones de pesos, imposibilitará costear las enfermedades catastróficas de los afiliados al desaparecido Seguro Popular y sumar los nuevos casos anuales de pacientes crónicos.
Frenk Mora, quien echó andar el Seguro Popular, explicó que la ley del Instituto de Salud para el Bienestar es muy clara al establecer que sólo coordina el primer y segundo niveles (los servicios ambulatorios de las clínicas y centros de salud, partos o cirugías sencillas) y no hay ninguna mención “expresa hacia el tercer nivel”, donde se atendían más de 63 enfermedades crónicas y costosas.
Lo grave es que “al quitarle 40 mil millones de pesos para regularización de médicos y otros elementos de gasto corriente, se destruye el fondo de reserva que se había hecho con tanto cuidado técnico y se carece en realidad de un sistema financiero capaz de hacer frente a las necesidades reales de los mexicanos”, dijo Frenk Mora.
Por su parte, el también ex secretario de Salud Salomón Chertorivski durante la administración del presidente Felipe Calderón, señaló que la creación de Instituto de Salud para el Bienestar desfondó el fideicomiso de gasto catastrófico del Seguro Popular que servía para brindar atención altamente especializada de forma gratuita, utilizando esos recursos para cuestiones administrativas del nuevo instituto.
En entrevista con Carlos Marín para Milenio TV, Chertorivski detalló que en la reforma a la Ley General de Salud, existe un artículo transitorio en donde se prevé utilizar 40 mil millones de pesos de los recursos destinados para la atención médica de los beneficiarios del Seguro Popular, al arranque del Insabi.
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