
Un nuevo escándalo de corrupción a manos de un presidente ha salido a relucir en el país: se trata de la Estela de Luz, monumento construido durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa.
Todo comenzó con un comentario que Andrés Manuel López Obrador hizo el 22 de noviembre durante su conferencia matutina, en la que dijo que “tenía ganas” de fijar una placa en el recinto que dijera “Monumento a la corrupción”. Su frase de inmediato se volvió tendencia en redes sociales, donde los cibernautas criticaron la megaobra.
Tres días después se dio a conocer que el ex presidente Felipe Calderón y diversos ex funcionarios de su administración fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, usurpación de funciones, y lo que resulte por la construcción de la Estela de Luz.
Fue un grupo de ex trabajadores de la empresa III Servicios AS de CV quienes denunciaron al ex presidente panista por presuntamente ser el responsable de cobrar un sobreprecio por miles de millones de pesos.

Juan Ricardo Díaz, Ricardo Morales, Fernando Raúl Spadoni, Erik Treviño, José Carlos Olivares y Sergio Salas, presentaron la demanda acompañados de su abogado Gabriel Regino, quien señaló a Calderón como el responsable de los actos de corrupción.
“En 2009, la oficina de la Presidencia de la República del sexenio de Felipe Calderón, a cargo de Patricia Flores Elizondo, se hizo cargo de la conducción y dirección de dicho proyecto, un proyecto que nosotros estimamos ya existía la decisión y determinación del desvío de recursos públicos”, dijo.
Indicó que desde Presidencia se decidió que un director general de una empresa filial de Petróleos Mexicanos (Pemex) presentara su renuncia para que su remplazo fuera un cercano a Calderón. Se trata de Agustín Castro Benítez, quien fue designado director general de la empresa III Servicios, filial de Pemex dedicada a la administración de bienes inmuebles de dicha dependencia.
“La llegada de Agustín Castro a la empresa III Servicios tuvo como consecuencia inmediata una reunión con todos los directivos ante quienes informó que venía designado especialmente de la oficina de la presidencia de la República, para que III llevará a cabo la construcción y todo el proceso relacionado con la Estela de Luz, a pesar de que III Servicios no presta esas funciones”, explicó el abogado.

Tras su nombramiento, se habrían llevado a cabo diversas reuniones entre la empresa y la jefa de la oficina de presidencia, Patricia Flores, en las que se decidió que la construcción de la Estela de Luz fuera un proceso restringido, y no de licitación pública.
“Inicialmente, para la construcción de dicho monumento, se había autorizado un presupuesto de 398 mil 924 millones de pesos, y plazo para la conclusión de la obra el 21 de agosto de 2010, sin embargo, el costo total de la obra se aumentó a más de mil millones de pesos, existiendo un retraso de construcción por 15 meses”, se lee en la denuncia.
"Los verdaderos culpables en el incremento del costo de esa obra, son los ex funcionarios de Presidencia y director general de la obra señalados, al haber maquinado desde un inicio las conductas anteriormente señaladas”, agrega.
En respuesta a la denuncia, Felipe Calderón publicó un comunicado en el que negó “categóricamente haber incurrido en acto alguno de corrupción" en la construcción de la Estela de Luz, y dijo que su demanda es un distractor ante los graves problemas que golpean a México.
El ex presidente aseguró que el proyecto fue decidido por un jurado designado entre el gobierno federal y el de la Ciudad de México, y estaba integrado por un grupo interdisciplinario que decidió “de manera independiente”. Según declaró, errores en la ejecución del proyecto provocaron retrasos y aumento de costos, pero en ningún momento fueron actos premeditados de corrupción.
“La denuncia es una maniobra política baja, sin sustento legal alguno, que incluso usa frases coloquiales del gobierno como ‘chivos expiatorios’ para buscar impacto político y mediático”.
Una obra muy cuestionada

El monumento se construyó con motivos de los festejos del Bicentenario de la Independencia Mexicana y del Centenario de la Revolución Mexicana. Sin embargo, sus constantes retrasos y aumento en el presupuesto lo hizo una obra muy cuestionada.
Debió ser inaugurado en septiembre de 2010, pero los múltiples retrasos hizo que se aplazara hasta enero de 2012. Un año antes se habían hecho públicos una serie de malos manejos con el fondo destinado a la construcción del monumento. En la Cuenta Pública 2011, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló pagos improcedentes por 248.9 millones de pesos en la compra del acero para la estructura.
También encontró erogaciones presumiblemente ilegales por 150.3 millones de pesos, “como resultado de la incorrecta integración de precios y de diferencias en conceptos de obra”. En total, la obra costó más de mil millones de pesos. En algún momento fue llamado “Monumento a las Víctimas de la Guerra de Calderón”, en referencia a los miles de muertos que hubo durante su gobierno como resultado de la guerra contra el narcotráfico.
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