Al igual que Romero Deschamps, todos los líderes sindicales del país ocultan su riqueza

Infobae México realizó una consulta en el portal Declaranet sobre la situación patrimonial de todos y cada uno de los dirigentes gremiales y en todos los casos la respuesta fue la misma: “No hay datos”.

Así, por ejemplo, al hacer la búsqueda sobre Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), el portal arrojó “sin datos”, esto quiere decir que la información es reservada a petición del ahora senador por el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena)

La situación en Declaranet no es distinta en torno a la maestra Elba Esther Gordillo Morales, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el más grande de América Latina.

Los mismo ocurrió con Joel Ayala Almeida, dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).

De Martin Esparza Morales, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), tampoco hay datos disponibles en Declaranet.

Sin embargo, al igual que Romero Deschamps, todos ellos comparten algo en común: han sido acusados de enriquecimiento inexplicable y de apropiarse de las cuotas sindicales en su propio beneficio, con lo que se dan una vida de lujos y excentricidades.

Por ejemplo: Napoleón Gómez Urrutia fue acusado en 2006 por un presunto fraude de 55 millones de dólares contra los trabajadores del sindicato minero. Tras los señalamientos, el líder sindical huyó a Canadá, sin embargo, en 2014, la Interpol emitió una ficha roja en contra Gómez Urrutia por fraude, pero un tribunal colegiado canceló dicha orden de aprehensión.

En 2018 Gómez Urrutia fue designado senador plurinominal por Morena.

Elba Esther Gordillo fue detenida en febrero de 2013 por presunto desvío de recursos de los trabajadores del SNTE. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una denuncia formal ante la PGR porque detectó una operación irregular por 2 mil 600 millones de pesos que provenían de dos cuentas del SNTE. Además, se pagaba cirugías estéticas con el dinero del sindicato.

Los recursos que llegaron a las cuentas de tres personas físicas y una moral fueron retirados posteriormente con cheques y transferencias y fueron triangulados hacia otras cuentas nacionales y extranjeras, de acuerdo con las acusaciones contra Gordillo Morales.

En 2018 fue absuelta de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada y puesta en libertad la noche de este martes 7 de agosto.

En diciembre de 2018, la FGR restituyó a la lideresa sus siete cuentas bancarias congeladas –cuatro en BBVA Bancomer, dos en Banamex y una en Santander-, así como tres inmuebles: uno ubicado en calle Galileo número 7, en Polanco, otro en el lote 29 del predio Prados de la Montaña del desarrollo inmobiliario Bosques de Santa Fe, en Cuajimalpa, y el tercero en General Riquelme 42, en la alcaldía Gustavo A. Madero. También le devolvieron tres vehículos y sus colecciones de obras de arte.

Por lo que respecta a Joel Ayala Almeida líder de la FSTSE desde 1998, fue denunciado el 21 de diciembre de 2000, un día después de su cumpleaños 54, y a sólo dos años de tomar el cargo como líder de la FSTS), ante la Procuraduría General de la República (PGR) por fraude con créditos hipotecarios.

Tiene cinco casas en la capital del país, un penthouse en la colonia Condesa (Ciudad de México), una casa en Acapulco (Guerrero), un departamento en San Diego, California y casas en Tijuana (Baja California), según la investigación realizada por los trabajadores, así como un jet privado, autos deportivos y una cuadrilla de ocho caballos pura sangre.

En 2009, el entonces presidente Felipe Caldeón Hinojosa ordenó la desaparición del SME, bajo la dirigencia de Martín Esparza Morales y fuerzas federales tomaron las instalaciones a su cargo. Más de 44,000 empleados quedaron sin trabajo.

Los 14,500 trabajadores que no aceptaron su liquidación reaparecen como propietarios de 49% de una sociedad que recibe el permiso para explotar 14 plantas eléctricas durante 30 años. El socio es un grupo portugués, llamado Mota-Engil. Ellos tendrán 51% de la sociedad. El Gobierno Federal retiene la propiedad de los activos, los entrega en comodato durante 30 años.

En junio pasado, el abogado de los jubilados del SME, José Rodolfo Bonilla, aseguró que obtuvieron un amparo contra el acto reclamado por el enriquecimiento ilícito, fraude, abuso, derroche de recursos, fraudes multimillonarios con fondos federales, venta de plazas y casas a dos o tres dueños, etcétera, en contra de Martín Esparza, Jorge Sánchez García, Rosendo Flores, Heriberto Marroquín y otros más.

Sin embargo, todos los sindicatos ocultan sus cuentas a pesar de que están obligados por ley a transparentarlas desde mayo de 2016.