La mayoría de los 380,000 mexicanos víctimas de desplazamiento forzado en 10 años son indígenas

Los indígenas son el grupo que más padece el desplazamiento forzado en México. En la década reciente, el gobierno mexicano fue omiso ante este fenómeno derivado de la violencia que afecta a cientos de miles de personas, siendo la población indígena la más vulnerada.

Este fenómeno social es un tema que es necesario adherir a la agenda de migración nacional. Así lo consideró Alexandra Bilak, directora internacional del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas en inglés), quien afirmó que la violencia en México desplazó a 380,000 personas en 10 años.

Al observar esa problemática en su visita a Chiapas, la especialista indicó que el desplazamiento forzado interno se debe a la violencia generada por grupos armados locales y actividades paramilitares, y debe ser una prioridad dentro del plan de desarrollo nacional.

Además de Chiapas, el fenómeno se replica en nueve estados de la República, por lo que urgió a avanzar en la conformación y consolidación de la ley en materia, a fin de pasar de una estrategia de asistencia humanitaria a una política pública integral, la cual deberá contar con la participación de las víctimas.

Durante la presentación de un informe preliminar al respecto y de una serie de recomendaciones para el gobierno mexicano, la especialista expuso que entre las historias de violencia armada se encuentran temas políticos, electorales y despojo de territorio.

Tras su visita de tres días por Chiapas, acompañada por autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob), denunció que las comunidades indígenas son las principales víctimas de los desplazamientos forzados.

"Es muy importante que estos temas de la tierra, de los derechos culturales y la herencia deban ser el centro de la respuesta para poder reubicar a las personas; hay que pensar en soluciones", insistió Bilak.

En este sentido, en su presentación en el Salón Juárez de la Segob, entre otros puntos recomendó determinar presupuestos, crear perfiles demográficos de los afectados, detectar a los causantes, establecer un marco normativo y a responsables de áreas operativas, así como la evaluación y publicación periódica de resultados.

Alexandra Bilak también ofreció apoyo de la organización internacional para colaborar en la creación de la hoja de ruta para trabajar en el fenómeno, pues recordó que el IDMC cuenta con décadas de experiencia en la elaboración de datos y asesoría para políticas públicas.

Al respecto, Rocío González Higuera, jefa de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Segob, reconoció la responsabilidad del gobierno mexicano en "la justicia, la retroacción de los daños y el futuro de las y los desplazados", y aceptó la ayuda de la organización internacional.

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Andrés Ramírez, director de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), dijo que tras una visita a Chiapas en compañía de Bilak, se pudo confirmar la "gran deuda histórica" que tiene el país con sus propios desplazados.

Recordó que existe un proyecto de ley para atender el fenómeno de desplazamiento forzado interno en México, el cual prevé una estructura adicional de la institución a su cargo y un fondo especial.

"Es muy complicado poder operar si no cuentas con el recurso, entonces, es clave para que esto no quede en letra muerta", enfatizó.

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Señaló que visitaron un refugio de desplazados en Chenalhó, uno de los 122 municipios del estado de Chiapas, y la realidad ahí es tan trágica como triste.

"Ver personas indígenas jóvenes en un nivel de pobreza extrema que pocas veces he visto yo, incluso en otros lugares del mundo como la propia África, en refugiados a nivel internacional", lamentó.

Esos niveles de pobreza, agregó, no pueden existir en un país con el Producto Interno Bruto que tiene México, 13 economía mundial. "Es realmente una vergüenza. Tenemos esa deuda y debemos tomarlo con toda seriedad".

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