“Ni el New York Times encontró pruebas contra César Jáuregui por presencia de agentes extranjeros”, afirma su abogado

La defensa de César Jáuregui sostiene que no existen elementos para demostrar que el exfiscal de Chihuahua conociera o autorizara la presencia operativa de agentes extranjeros durante el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la entidad, llevado a cabo entre el 16 y 19 de abril.

Héctor Villasana, abogado del exfuncionario, aseguró que ni siquiera la investigación publicada por The New York Times sobre el caso aporta pruebas que vinculen directamente a su cliente con esa decisión.

La declaración fue difundida este miércoles 11 de noviembre, después de que el periódico estadounidense publicara un reportaje sobre el operativo contra una instalación clandestina de producción de metanfetaminas en Chihuahua, episodio que derivó en una investigación penal contra el entonces titular de la Fiscalía General del Estado.

“Lo que nosotros destacamos es lo mismo que hemos venido diciendo, no hay una sola referencia, aun ahora en la investigación que hizo el New York Times, que dirija a que el licenciado Jáuregui tenía conocimiento o haya autorizado la presencia operativa de estas personas”, expresó Villasana durante una entrevista retomada por medios locales.

El exfiscal permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, en el Estado de México, luego de ser vinculado a proceso por traición a la patria. La acusación está relacionada con la presunta participación de cuatro agentes extranjeros en las acciones contra el laboratorio clandestino.

La defensa admite posibles omisiones, pero rechaza responsabilidad penal

Uno de los puntos que Villasana buscó separar es la responsabilidad que Jáuregui pudo tener por las actividades desarrolladas dentro de la Fiscalía estatal y su presunta participación en la incorporación de personal extranjero a un despliegue operativo.

El abogado sostuvo que su cliente nunca ha intentado deslindarse de las obligaciones que tenía como titular de la dependencia. Según su versión, el exfiscal reconoció que debió tener mayor conocimiento de lo que ocurría en la institución y que esa falta de diligencia fue uno de los motivos por los que dejó el cargo.

Sin embargo, la defensa considera que esa circunstancia no demuestra que hubiera autorizado la intervención de agentes extranjeros ni que hubiera participado en una operación que, de acuerdo con las autoridades federales, involucró actividades reservadas a las instituciones mexicanas.

La Fiscalía General de la República sostiene una versión distinta. La acusación federal contra Jáuregui está relacionada con la presunta autorización de la participación de cuatro agentes extranjeros en el operativo contra el narcolaboratorio, ocurrido en abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua.

Qué publicó el <i>New York Times</i> sobre la operación en Chihuahua

El reportaje del diario estadounidense también abordó la relación que Guillermo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, habría mantenido con personal de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Según la investigación, Zuany afirmó que la gobernadora María Eugenia Campos tenía conocimiento de la presencia de agentes estadounidenses en actividades de seguridad dentro de Chihuahua. La publicación también examinó cómo se habría desarrollado la colaboración entre el exfuncionario y personal de inteligencia de Estados Unidos.

Este contexto es relevante porque la defensa de Jáuregui intenta deslindar la actuación de su cliente de las decisiones que habrían tomado otros funcionarios de la Fiscalía estatal.

Villasana insiste en que las referencias sobre la relación entre Zuany y los agentes extranjeros no acreditan que el entonces fiscal general hubiera conocido o autorizado su participación operativa. Se trata, no obstante, de una interpretación de la defensa que deberá contrastarse con los elementos de prueba presentados en los procedimientos judiciales.

Las apelaciones podrían tardar hasta cuatro meses

Respecto al avance del proceso, Villasana informó que los recursos de apelación contra las resoluciones judiciales dictadas en los ámbitos estatal y federal ya se encuentran en trámite.

El abogado calculó que las impugnaciones podrían resolverse en un periodo de entre dos y cuatro meses, aunque aclaró que los tiempos dependen de las instancias encargadas de revisar las resoluciones.

Por otra parte, indicó que el plazo de dos meses establecido para la investigación complementaria vencería alrededor del 23 o 24 de diciembre de 2026. Durante ese periodo, las autoridades y la defensa podrán continuar con las diligencias correspondientes.

Mientras se resuelven los recursos, Jáuregui seguirá recluido en el penal federal del Altiplano. Su abogado aseguró que el exfuncionario se mantiene tranquilo y que continuará utilizando las herramientas legales disponibles para enfrentar las imputaciones.

La defensa mantiene como eje de su estrategia que no existe una prueba que demuestre que Jáuregui autorizó la presencia operativa de agentes extranjeros.